Tras la condena del ex-fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, su continuidad en la carrera dependerá ahora de un informe de la inspección interna —la misma que ignoró las alertas cuando se filtró el correo del novio de Ayuso. Una decisión clave que pone en entredicho la credibilidad de la institución.
La condena dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en diciembre de 2025 estableció que García Ortiz, o alguien de su entorno con conocimiento, filtró el correo confidencial que afectaba a la pareja de Ayuso, vulnerando el deber de reserva inherente a su cargo.
Sin embargo —y pese a la gravedad de la sentencia— el desenlace de su carrera profesional no depende directamente del fallo, sino del informe que la unidad interna de inspección de la Fiscalía General del Estado debe elaborar. Será esa inspección —dirigida por la misma persona que no abrió expediente tras la filtración original— la que valore si los hechos constituyen una falta muy grave, merecedora de expulsión, o una falta grave o leve, con castigos menos drásticos.
Este hecho ha generado perplejidad fuera y dentro de la institución: muchos críticos señalan el conflicto de interés evidente. ¿Cómo puede decidirse el castigo de quien vulneró la confianza institucional por parte del mismo órgano que ignoró esa vulneración cuando ocurrió por primera vez?
La ironía no pasa desapercibida: la inspección que no movió ficha hace meses —cuando se publicó en prensa el contenido confidencial del correo— será ahora quien decida si el responsable merece continuar vestigando el orden público. Para muchos, eso significa que la Fiscalía se autocensura y se autoprotege.
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Mientras tanto, García Ortiz sigue en un limbo jurídico y profesional. Hasta que la inspección dicte su informe, conserva su condición de fiscal, con todos los derechos asociados, salvo la posibilidad de ocupar cargos de confianza. Esa espera prolongada agrava el desgaste institucional, la desconfianza ciudadana y el descrédito de quien debería ser garante de la legalidad.
Un final en manos de quien guardó silencio
El caso de García Ortiz demuestra algo más que una filtración concreta: expone las debilidades de los mecanismos internos de control de la Fiscalía. Que su futuro dependa de una inspección que previamente decidió no actuar ante la filtración inicial muestra un sistema que se protege a sí mismo, al margen de la transparencia y la rendición de cuentas. La decisión que adopte esa unidad interna marcará no solo el destino de un fiscal, sino el grado real de autocontrol y limpieza en la institución encargada de velar por el cumplimiento del Estado de derecho.
