El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció este sábado un nuevo tiroteo ocurrido en Minneapolis que, según sus declaraciones, estaría relacionado con la actuación de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El incidente ha reavivado la polémica por el despliegue de fuerzas federales en el estado y ha intensificado la tensión entre las autoridades estatales y el Gobierno federal.
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A través de redes sociales, Walz calificó el suceso como “otro tiroteo atroz” y expresó su indignación por lo que considera un uso excesivo de la fuerza en el marco de las operaciones migratorias. El gobernador recordó que el episodio se produce apenas dos semanas después de otro caso similar, en el que una mujer murió tras recibir disparos durante una intervención de agentes federales en la misma ciudad.
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“El pueblo de Minnesota está cansado de esta violencia”, afirmó Walz, quien exigió el cese inmediato de las operaciones federales en Minneapolis y la retirada de los agentes desplegados. Sus declaraciones reflejan el creciente malestar de las autoridades estatales ante una estrategia de control migratorio que consideran agresiva y peligrosa para la población civil.
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Por su parte, el jefe de la Policía de Minneapolis señaló que la persona fallecida en el último incidente era un hombre de 37 años, residente local y propietario legal de armas, sin antecedentes relevantes. Esta versión ha generado dudas y ha alimentado las críticas sobre la actuación de los agentes implicados.
Mientras tanto, en las calles de la ciudad se han registrado protestas y concentraciones ciudadanas en rechazo a la presencia del ICE y a los métodos empleados en las operaciones. Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión durante los disturbios, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente su autenticidad.
El despliegue de agentes federales en Minnesota forma parte de una ofensiva nacional para intensificar las redadas y deportaciones. Sin embargo, el aumento de incidentes violentos ha provocado un debate político y social sobre los límites de estas actuaciones y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos civiles.
