La vicepresidenta Yolanda Díaz anuncia un incremento del 4,41%, que equipara el SMI al 60% del salario medio, mientras las patronales critican la medida.
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El salario mínimo interprofesional (SMI) en España subirá 50 euros este año, situándose en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a un incremento del 4,41%. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha oficializado este miércoles la medida tras cerrar un acuerdo con los sindicatos, aunque sin el respaldo de las patronales.
“La política del diálogo social funciona. Este aumento es una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras de este país”, afirmó Díaz durante el anuncio, celebrado tras la última mesa de negociación con los agentes sociales. El aumento, que será retroactivo desde enero, beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres del sector servicios.
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El nuevo salario mínimo es fruto de la senda de incrementos impulsada por el Gobierno de coalición para cumplir con la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe alcanzar al menos el 60% del salario medio.
Un acuerdo con tensiones
Mientras los sindicatos celebran el aumento, consideran que se ha quedado corto. UGT y CCOO presionaron para que el SMI se acercara a los 1.200 euros, lo que supondría un alza del 5,8%. Sin embargo, Trabajo se ha decantado por el tramo más alto recomendado por el comité de expertos, evitando ceder completamente a las demandas sindicales.
Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme han rechazado la medida. Aunque inicialmente propusieron un incremento del 3% (1.167 euros), exigieron bonificaciones para sectores como el agrario y revisiones en las contratas públicas, demandas que no fueron aceptadas.
“Una vez más, los empresarios quedan fuera de un acuerdo que afecta de manera directa a su capacidad para generar empleo”, han señalado fuentes de la CEOE, que califican la medida como “irresponsable” en un contexto de incertidumbre económica.
Medidas adicionales para garantizar su cumplimiento
El acuerdo incluye el compromiso de convocar en dos meses una nueva mesa de diálogo social para abordar cuestiones relacionadas con la aplicación del SMI. Entre las prioridades estarán garantizar que las subidas no sean absorbidas por complementos salariales, ajustar automáticamente las tablas de los convenios colectivos y reforzar la vigilancia en sectores vulnerables, como el de empleadas del hogar.
Yolanda Díaz también anunció el lanzamiento de campañas de inspección laboral específicas para asegurar el cumplimiento del SMI, con un enfoque especial en aquellos sectores más afectados por la precariedad laboral.
Impacto en la nómina de febrero y fiscalidad pendiente
Aunque el nuevo SMI ya está definido, persisten dudas sobre su exención en la declaración de la renta. Hasta ahora, los salarios mínimos habían quedado libres de tributación, pero el Ministerio de Hacienda aún no ha confirmado si mantendrá esta medida. Tanto UGT como CCOO han indicado que presionarán para que este salario, que califican como “de supervivencia”, siga estando exento de cargas fiscales.
La aplicación del nuevo SMI será efectiva a partir de la aprobación formal en el Consejo de Ministros, prevista para el próximo 11 de febrero, y los trabajadores verán reflejado el aumento en sus nóminas del próximo mes, de forma retroactiva desde enero.
La evolución del salario mínimo: un salto histórico desde 2018
Con este nuevo incremento, el SMI ha experimentado un crecimiento acumulado del 60,91% desde 2018, cuando se situaba en 735,9 euros. Esta tendencia refleja el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la mejora de las condiciones salariales, aunque sigue generando fricciones con el sector empresarial y dentro de la propia negociación política.
Mientras los sindicatos califican este incremento como un avance, alertan de que los trabajadores con SMI aún enfrentan pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Las patronales, por su parte, critican que estas subidas dificultan la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores sensibles como el agrícola y la hostelería.
Con esta medida, el Gobierno busca equilibrar las demandas sociales y económicas, aunque el debate sobre el impacto del SMI en el empleo y la productividad promete seguir siendo un tema central en las mesas de diálogo social.
