El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al esperado Estatuto del Becario, una normativa que busca regular las prácticas académicas en empresas, garantizar una compensación económica por gastos y poner coto al uso de becarios para cubrir puestos de trabajo estructurales.
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Pese al paso dado por el Ejecutivo, la norma inicia ahora una andadura parlamentaria incierta, con una aritmética en el Congreso que hace peligrar su aprobación definitiva.
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Los ejes principales de la norma
El texto, fruto de un largo proceso de negociación, se asienta sobre tres pilares fundamentales para proteger los derechos de los estudiantes:
- Compensación de gastos: Las empresas estarán obligadas a sufragar los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención del becario, salvo que exista una beca pública que ya cubra estos conceptos.
- Límite a las prácticas extracurriculares: Se restringe el número de horas y la duración de aquellas prácticas que no forman parte del plan de estudios oficial, con el fin de evitar que se conviertan en una forma de empleo precario encubierto.
- Derechos y exclusiones: Los becarios tendrán derecho a vacaciones, festivos y a los mismos servicios que el resto de la plantilla (comedor, zonas comunes, etc.). Además, queda terminantemente prohibido que un becario sustituya a un trabajador de la plantilla.
Un escenario político cuesta arriba
Aunque la norma cuenta con el respaldo de los principales sindicatos, el texto llega al Parlamento con vientos en contra:
- Falta de apoyos: La fragmentación del Congreso y las reticencias de algunos socios habituales del Gobierno —así como el rechazo frontal de la patronal CEOE en etapas previas— complican alcanzar la mayoría necesaria.
- Críticas de las universidades: Diversas instituciones académicas han mostrado su preocupación por la carga burocrática y el posible descenso de la oferta de plazas de prácticas ante las nuevas exigencias económicas para las empresas.
- Incertidumbre legislativa: Si el Gobierno no logra amarrar los votos de los grupos nacionalistas o de la izquierda minoritaria, el Estatuto podría decaer antes de entrar en vigor.
El objetivo: acabar con el «falso becario»
Desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que esta ley es «una cuestión de dignidad». El objetivo es erradicar la figura del joven que encadena convenios de prácticas para realizar tareas de responsabilidad sin remuneración ni derechos laborales básicos, asegurando que la etapa formativa sea, efectivamente, formativa.
