Madrid — El Consejo de Ministros da hoy luz verde al proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). Esta normativa supone la adaptación definitiva de la legislación española al Reglamento Europeo de IA y nace con el objetivo de garantizar un uso «ético, inclusivo y beneficioso» de estas tecnologías, obligando además a delimitar con total nitidez los contenidos reales de los generados virtualmente.
El texto llega al Consejo de Ministros un año después de su primer anteproyecto, tras un periodo de información pública y la revisión por parte de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, iniciará su tramitación parlamentaria en las Cortes.
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Un régimen sancionador de hasta 35 millones de euros
La ley introduce un estricto baremo de multas para combatir los usos delictivos o fraudulentos de la IA. El régimen sancionador se divide según la gravedad de las infracciones:
- Infracciones leves: Sanciones a partir de los 6.000 euros.
- Infracciones muy graves: Multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros (o el porcentaje equivalente de la facturación global de una empresa) para los casos más flagrantes, como la comercialización de sistemas de IA que estén explícitamente prohibidos.
Prácticas prohibidas bajo la nueva ley
Siguiendo la estela europea, el marco legal español censura de forma tajante herramientas que vulneren los derechos fundamentales. Entre las prácticas prohibidas destacan:
- Técnicas subliminales: Herramientas diseñadas para manipular decisiones de los usuarios sin su consentimiento.
- Algoritmos depredadores: Chatbots programados para detectar vulnerabilidades en personas vulnerables (como identificar a usuarios con ludopatía para incitarlos a entrar en plataformas de juego online).
- Explotación de brechas sociales: Sistemas que se aprovechen de la edad, discapacidad o la situación socioeconómica de los ciudadanos.
- ‘Deepfakes’ sexuales: A propuesta de España, se prohíbe de forma específica la ultrasuplantación y la creación de desnudos falsos de mujeres y menores mediante asistentes virtuales (una medida impulsada tras las polémicas generadas en la red social X con herramientas como Grok).
Polémica: Las administraciones públicas, exentas de multas
A pesar de los avances del proyecto de ley, el texto no llega exento de controversia. Diversas asociaciones de internautas, colectivos de usuarios y expertos en derecho digital han criticado con dureza una de las cláusulas de la normativa.
El marco legal excluye a las administraciones públicas del régimen de sanciones económicas. En caso de que un organismo estatal, autonómico o local haga un uso inadecuado o prohibido de la inteligencia artificial, la ley establece que el castigo se limitará a un mero ‘apercibimiento’, sin la obligación de pagar multas financieras.
