El Gobierno ha anunciado que está estudiando posibles medidas sancionadoras contra los participantes de la manifestación convocada por Falange en la que se lanzaron proclamas racistas y se pidió “un tiro en la nuca” contra el presidente Pedro Sánchez. Las expresiones, grabadas y difundidas en redes sociales, han generado una amplia condena política y social.
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El ministro de la Presidencia, Óscar López, instó este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pronunciarse de manera expresa sobre los hechos. López también emplazó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) —que autorizó la celebración de la marcha— a valorar lo ocurrido y, en su caso, a condenarlo públicamente.
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El Gobierno considera que este tipo de mensajes podrían vulnerar tanto la legislación contra los delitos de odio como la normativa que regula el derecho de reunión, por lo que analiza si concurren responsabilidades administrativas o penales. Fuentes del Ejecutivo subrayan que “la libertad de expresión no ampara la incitación a la violencia” y que las instituciones deben actuar “con firmeza” ante discursos que atenten contra la convivencia democrática.
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La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se determinen los pasos a seguir.
