El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un segundo decreto con el objetivo de mitigar la crisis de la vivienda en España. Este nuevo texto, que se presentará para votación en el Congreso de los Diputados en las próximas 24 horas, incluye una medida que permite la prórroga de los contratos de alquiler por un plazo de hasta siete años.
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Según el documento, los arrendadores estarán obligados a notificar con al menos seis meses de antelación su intención de no prorrogar el contrato, una vez que los inquilinos hayan cumplido cinco años de alquiler. Esto significa que un contrato firmado a principios de 2026 podría extenderse hasta 2031, siempre que el inquilino cumpla con los pagos.
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El decreto también establece que, si un arrendador decide no renovar el contrato, deberá indemnizar al inquilino con al menos doce mensualidades de renta de una vivienda similar. Esta medida busca proteger a los inquilinos al finalizar su contrato.
Sin embargo, el decreto enfrenta oposición política. Junts ha anunciado que no apoyará el decreto, argumentando que impone obligaciones financieras a la Generalitat, como saldar deudas de inquilinos vulnerables en un plazo de dos meses, lo que consideran una imposición desde Madrid.
La falta de apoyo de Junts, junto con la aritmética parlamentaria actual, podría llevar a la derrota del Ejecutivo en la votación del viernes, lo que dejaría las medidas sin efecto. La decisión final dependerá del voto de los siete diputados de Junts en el Congreso.
