La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón escucha este jueves en calidad de testigos al exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta y al responsable de la Policía Local por la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.
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La Audiencia Nacional continúa con la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos a finales de julio. La jueza María Tardón ha citado este jueves como testigos a Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano, y al responsable de la Policía Local ceutí.
La comparecencia de Sanz llega después de que renunciara a su cargo tras conocerse que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhatsApp y que mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos investigados.
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Su declaración se produce también después de la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta, anunciada a principios de semana. Durante la rueda de prensa en la que comunicó su decisión, Triano aseguró que había avisado al Ejecutivo “semanas antes” de que se produjera la entrada de migrantes en territorio ceutí.
Por el momento, el exdelegado del Gobierno no ha sido citado a declarar dentro de esta causa.
Las declaraciones de este jueves tienen lugar un día después de la comparecencia del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante la jueza. El dirigente ceutí declaró durante más de dos horas y explicó que intentó contactar hasta en diez ocasiones con Presidencia del Gobierno durante los días previos a la entrada masiva.
Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, Vivas trasladó a la jueza que desde Moncloa se habría minimizado la situación al considerar que se trataba de una crisis migratoria más.
Durante su declaración, el presidente de Ceuta también explicó que mantuvo una reunión con el entonces delegado del Gobierno, al que reclamó un refuerzo de agentes de seguridad y que el Ejecutivo asumiera el mando único de la crisis.
