La decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha desencadenado una nueva y profunda crisis entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El cruce de reproches entre ministros y los órganos de gobierno de los jueces ha escalado este martes tras las duras críticas vertidas desde el Consejo de Ministros hacia la instrucción del caso.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó el auto de Peinado como una pieza que «ha avergonzado a muchos ciudadanos y magistrados», asegurando que la investigación de dos años ha causado un daño «irreparable» a la imagen de la justicia. Bolaños confía en que un tribunal superior e «imparcial» termine revocando unas decisiones que considera injustas.
El CGPJ exige respeto a la independencia judicial
La respuesta de la judicatura no se ha hecho esperar. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy por unanimidad una declaración en la que recuerda la obligatoriedad de respetar las decisiones judiciales. Esta reacción se suma a la línea marcada anteriormente por la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, quien ya advirtió contra las «descalificaciones» al poder judicial, recordando que los jueces «no obedecen órdenes de nadie».
En el centro de la polémica se encuentra una mención en el auto del juez Peinado que comparaba la situación actual con la época de Fernando VII, algo que Bolaños ha aprovechado para recordar que, a diferencia de aquel entonces, hoy existe un sistema de garantías para corregir resoluciones «no fundadas en derecho».
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El Gobierno redobla sus críticas y señala «irregularidades»
Lejos de rebajar la tensión, varios ministros han comparecido este martes para respaldar las tesis de Bolaños:
- Óscar Puente: El ministro de Transportes ha sugerido que existen causas judiciales que pretenden «multar o violentar la acción política» de los representantes democráticos.
- Elma Saiz: La portavoz del Gobierno ha insistido en la inocencia de Gómez, señalando que el auto contiene fragmentos que exceden el ámbito puramente jurídico.
- Quejas sin resolver: Bolaños ha lanzado un dardo directo al CGPJ, recordándole que lleva once meses sin resolver las quejas por presuntas «irregularidades» cometidas por Peinado durante la instrucción.
Este nuevo episodio de tensión institucional llega en un momento de especial sensibilidad, con el Ejecutivo cuestionando abiertamente si ciertos sectores de la justicia están actuando bajo motivaciones políticas, mientras que los jueces reclaman el cese de lo que consideran una injerencia intolerable en su labor profesional.
