El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha confirmado este martes que el Arzobispado mantiene una asignación económica para el sacerdote de Talavera de la Reina condenado a ocho años y medio de prisión por abusos sexuales continuados a una menor. Según ha explicado el prelado, estos fondos se utilizan, entre otros fines, para que el victimario pueda pagar la indemnización a la víctima y las costas judiciales.
Durante una rueda de prensa, Cerro ha justificado esta ayuda señalando que el condenado «es sacerdote y como sacerdote estamos ayudándolo». No obstante, ha querido desvincular este apoyo económico de una posición sobre su culpabilidad penal, recordando que, en el proceso canónico interno que realizó la Iglesia en su momento, se le consideró «inocente».
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Prioridad en la reparación económica
Ante lo «delicado» del asunto, el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez, ha detallado que el objetivo principal del Arzobispado es garantizar que la víctima reciba la compensación fijada por los tribunales. Gómez ha aclarado que el sacerdote no percibe una nómina como tal, sino una «asignación mínima y básica».
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- Reparación de la víctima: La Iglesia sostiene que este mecanismo es la vía para que la víctima cobre la indemnización dictada por el Tribunal Supremo.
- Pago de costas: La asignación también cubre los gastos legales derivados del proceso judicial del victimario.
- Cumplimiento normativo: El arzobispo ha asegurado que la institución está cumpliendo «total y absolutamente toda la normativa» vigente mientras el sacerdote cumple su pena en prisión.
La víctima «en el centro» pese a la controversia
Desde el Arzobispado han defendido su actuación asegurando que han intentado gestionar este caso «lo mejor posible» dadas las circunstancias. El ecónomo ha insistido en que han puesto a la víctima «en el centro» para asegurar su reparación económica total, actuando en coordinación con la dirección jurídica del agresor.
«Hemos intentado hacer siempre lo que la Justicia nos pedía», ha concluido Francisco Cerro, ratificando la información que señalaba que la Iglesia sufraga los pagos derivados de la sentencia por abusos cometidos entre los años 2010 y 2014.
