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El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruye la causa contra el exministro José Luis Ábalos por presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, ha admitido la personación del PSOE como acusación popular. El magistrado ha exigido al partido que abone una fianza de 5.000 euros en metálico en un plazo de diez días para formalizar su participación en el proceso judicial.
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La decisión, recogida en un auto judicial, sigue la misma línea adoptada por el juez Santiago Pedraz en otra causa relacionada con un presunto fraude en el sector de hidrocarburos, en la que también figura como investigado Víctor de Aldama, señalado como supuesto conseguidor de la trama.
Reunión de acusaciones populares
En una providencia adicional, el juez Moreno ha convocado a todas las acusaciones populares personadas en el caso para una reunión el próximo 10 de diciembre. El objetivo es que las partes se pronuncien sobre la posibilidad de unificar las acusaciones, tal como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El magistrado justifica esta medida señalando que el elevado número de acusaciones populares podría dificultar el desarrollo ordenado de las diligencias y afectar al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por ello, considera necesario escuchar a todas las partes antes de decidir sobre la agrupación de las acusaciones en una sola representación.
Un proceso bajo la lupa
El caso Ábalos, que ha suscitado un alto interés mediático y político, gira en torno a supuestas mordidas y contratos irregulares adjudicados durante la gestión de la pandemia. La personación del PSOE como acusación popular ha generado controversia, ya que el partido liderado por Pedro Sánchez gobernaba en el periodo investigado.
Esta decisión, junto con la posibilidad de unificar las acusaciones populares, marca un nuevo capítulo en la investigación, mientras se acercan fechas clave como las comparecencias previstas ante el juez.
