El juez del Tribunal Supremo ha emitido su resolución más firme hasta la fecha contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contando con el respaldo de la Sala Penal. En su auto, el magistrado señala como una «evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas», lo que supone un nuevo revés en la investigación en curso.
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El magistrado Hurtado ha subrayado que, de haber existido una mayor colaboración por parte del fiscal general, no habría sido necesario recurrir a investigaciones tecnológicas para esclarecer los hechos. Este comentario refuerza la tesis de que García Ortiz ha obstaculizado la labor judicial.
Además, tras la queja presentada sobre la posible filtración de datos personales, el instructor ha tomado una medida drástica: los oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no podrán salir del Tribunal Supremo. Esta decisión busca evitar nuevas filtraciones que puedan comprometer el desarrollo de la investigación.
El caso sigue generando gran controversia en el ámbito judicial y político, con implicaciones que podrían afectar la credibilidad y la permanencia de García Ortiz en su cargo. La contundencia del auto dictado por el juez, junto con el respaldo de la Sala Penal, marca un punto de inflexión en el proceso y deja abierta la posibilidad de futuras acciones legales contra el fiscal general.
