Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, comparecerá el 5 de agosto en la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Leire Díez’, que investiga presuntas maniobras para boicotear causas judiciales y contratos públicos irregulares.
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MADRID.– El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo 5 de agosto a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. El objetivo de la comparecencia es «verificar» el clonado de su teléfono móvil e incorporar de forma definitiva el volcado de los datos a la causa donde figura como investigado.
En una providencia fechada el pasado 16 de julio, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 convoca a Serrano para ratificar las operaciones técnicas de copia y su número de identificación. En caso de ser necesario, el magistrado contempla realizar «un nuevo clonado en sede judicial» en presencia del imputado y ante la letrada de la Administración de Justicia.
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La medida se produce después de que el juez ordenara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el volcado y análisis del terminal del exalto cargo, tras su reciente imputación en el conocido como caso Leire Díez.
Contratación irregular y boicot judicial
La imputación de Serrano se sustenta en un informe de la UCO que le atribuye una participación «preeminente» en dos vertientes de la trama: la obtención ilícita de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI y la existencia de una supuesta red dedicada a desestabilizar y boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En la rama relativa a las adjudicaciones públicas, el juez Pedraz indaga en operativas sospechosas dentro de Correos similares a las detectadas en otras empresas públicas estatales como Mercasa o Enusa. El foco inicial se sitúa en la «irregular contratación de Leire Díez» como directora gerente de Filatelia, un puesto que dependía directamente de la presidencia de Serrano.
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Con estas diligencias, la instrucción de la Audiencia Nacional busca esclarecer si el expresidente de la entidad postal se limitó a «consentir» la ilícita operativa de contratación o si, por el contrario, su responsabilidad se extendió hasta el punto de «impulsarla y dirigirla», además de dirimir su grado de implicación en las maniobras de interferencia judicial.
