El magistrado Juan Carlos Peinado ha acordado crear una pieza separada dentro de la causa, sumando dos presuntos delitos a los cuatro por los que ya se celebró la audiencia preliminar.
Lee tambien: El juez Peinado sopesa abrir su propio bufete de abogados tras jubilarse al frente del caso de Begoña Gómez
MADRID. — El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha dado un nuevo impulso al procedimiento judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según una resolución judicial emitida este jueves, el magistrado ha decidido abrir una nueva línea de investigación a través de una pieza separada para indagar en la presunta comisión de dos nuevos delitos: prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea (UE).
Este paso llega pocos días después de que el pasado lunes se celebrara la audiencia preliminar de la causa principal. En dicho bloque del sumario, Gómez ya se enfrenta a la investigación por cuatro supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
Lee tambien: La Fiscalía critica la «precipitación» del juez Peinado en la recta final del ‘caso Begoña Gómez’
Un contrato de Red.es bajo el foco
Las nuevas pesquisas ordenadas por el juez Peinado giran en torno a un contrato específico adjudicado por la entidad pública corporativa Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) conformada por Innova Next (propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés) y la consultora KPMG.
Al haber sido financiado mediante fondos comunitarios Feder, este expediente ya estuvo bajo la lupa de la Fiscalía Europea. En las resoluciones firmadas por el magistrado para esta nueva pieza figuran formalmente como investigados la propia Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa.
El instructor ya ha solicitado el parecer de la Fiscalía de Madrid sobre esta recién inaugurada línea de investigación. Fuentes de la defensa jurídica de Begoña Gómez han insistido en que ella carece de cualquier tipo de vinculación con el mencionado contrato, subrayando que en este caso concreto no figura siquiera una carta de recomendación o de apoyo firmada por ella.
A la espera del juicio oral
Fuentes jurídicas aclaran que la apertura de esta pieza separada no equivale a una acusación formal ni a una conclusión en firme sobre la existencia de los delitos de prevaricación o fraude, pero sí anticipa una ronda de nuevas diligencias, requerimientos de informes y tomas de declaración.
Mientras se desarrolla este nuevo frente, las partes personadas siguen pendientes de que el juez Peinado dicte la resolución clave de la rama principal de la causa: si decide abrir finalmente juicio oral para sentar a Begoña Gómez en el banquillo de los acusados ante un jurado popular, o si bien opta por el archivo de las actuaciones.
Asimismo, el juzgado debe pronunciarse en los próximos días sobre las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular que encabeza la organización Hazte Oír, la cual ha reclamado formalmente la retirada del pasaporte de Gómez, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial alegando un presunto riesgo de fuga.
