Un informe preliminar de la Guardia Civil señala que la sociedad Masterman carecía de los medios necesarios para prestar los servicios de consultoría por los que recibió pagos del grupo Quirón en 2021.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en duda la viabilidad de los servicios prestados por una de las sociedades de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un informe preliminar de 32 páginas, fechado el 19 de diciembre de 2025 pero conocido recientemente, los agentes destacan que la empresa Masterman SL carecía de los medios materiales y humanos necesarios para ejercer la consultoría por la que fue contratada por el grupo sanitario privado Quirónsalud.
Contexto de la investigación
Este informe forma parte de una de las vertientes judiciales que afectan a González Amador, quien también se enfrenta a un proceso por presunto fraude fiscal. En esta causa específica, se indaga un presunto soborno de 500.000 euros a un alto cargo del grupo Quirón, Fernando Camino.
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La Fiscalía sospecha que dicho pago pudo ser una contraprestación por la intermediación de González Amador en una voluminosa compraventa de mascarillas realizada meses antes, en la que también participaron otros actores vinculados al ámbito sanitario y empresarial.
Hallazgos de la UCO
Las indagaciones de la Guardia Civil se centran en el funcionamiento y cambios societarios de Masterman SL:
- Antecedentes: La empresa, anteriormente denominada CirculoBelleza SL, tenía como objeto social la venta de productos de perfumería y cosmética, con una estructura mínima de trabajadores.
- Cambio de control: En diciembre de 2020, González Amador asumió la administración única de la sociedad, tras una compraventa valorada en medio millón de euros, a pesar de que la empresa presentaba cifras de negocio reducidas (entre 31.000 y 59.000 euros anuales).
- Falta de recursos: El informe señala que, en el momento de la contratación con Quirón, la sociedad no disponía de la capacidad operativa ni del personal necesario para justificar los servicios de asesoramiento que se le atribuyen.
La UCO destaca que el análisis tiene como objetivo determinar si los beneficios obtenidos de estas actividades han sido transformados o disimulados para ocultar su posible origen ilícito. Actualmente, el juez encargado del caso ha autorizado el rastreo de cuentas bancarias relacionadas con la investigación, mientras el proceso sigue su curso en los tribunales madrileños.
