El Gobierno confía en que las comunidades autónomas cumplan la ley y colaboren en el reparto de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada la semana pasada. El Ejecutivo espera evitar un conflicto judicial, mientras el Partido Popular ha moderado su discurso y Vox presiona para que las regiones donde participa en el Gobierno rechacen los traslados.
Una semana después de la crisis fronteriza, Ceuta todavía no ha recuperado la normalidad. El Ministerio del Interior sostiene que unas 70.000 de las 72.000 personas que entraron desde Marruecos ya han sido devueltas, aunque el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, calcula que podrían quedar hasta 6.000 en la ciudad.
Las cifras ofrecidas por ambas administraciones no coinciden y el recuento continúa, especialmente en el caso de los niños y adolescentes que llegaron sin la compañía de un adulto.
El Gobierno espera que las autonomías cumplan la ley
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apeló este miércoles a la “solidaridad” de las comunidades autónomas y expresó su confianza en que todas colaboren en la acogida.
“Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno”, afirmó.
Cuerpo vinculó parte de las reticencias expresadas por el PP con la presión ejercida por Vox en las autonomías donde ambos partidos mantienen acuerdos de gobierno.
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El Ejecutivo espera que no sea necesario acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del reparto, aunque contempla esa posibilidad si alguna comunidad rechaza las obligaciones establecidas en la normativa.
Ceuta asegura que atiende a 1.100 menores
El Gobierno central reformó en 2025 la normativa de extranjería para establecer un mecanismo obligatorio de distribución cuando los territorios más afectados superen ampliamente su capacidad ordinaria y declaren una situación de contingencia migratoria.
Esta situación permanece activa desde hace meses en Ceuta y Canarias.
Según la actualización realizada en junio, la capacidad ordinaria asignada a Ceuta sería de 29 menores. Vivas asegura que la ciudad atiende actualmente a unos 1.100 niños y adolescentes migrantes, una cifra que, de acuerdo con sus cálculos, se encuentra un 2.600% por encima de la capacidad crítica de acogida.
El reparto no podrá comenzar completamente hasta que finalicen las labores de identificación y se determine la situación personal y familiar de cada menor.
El PP rebaja el tono y abre la puerta a colaborar
La posición del Partido Popular ha evolucionado durante los últimos días.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, responsabilizó inicialmente al Gobierno de Pedro Sánchez y afirmó que quien había generado el problema debía encargarse de solucionarlo.
Sin embargo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, aseguró posteriormente que las comunidades gobernadas por el PP cumplirán la ley, aunque reclamó que el reparto sea “justo, bien dotado y planificado”.
Ezcurra criticó además que Cataluña y el País Vasco quedaran fuera del anterior mecanismo de distribución y exigió que todas las comunidades asuman responsabilidades.
El PP pide identificar primero a los menores
La dirigente popular también reclamó que se complete la identificación y se examine la situación individual de los niños y adolescentes antes de proceder a los traslados.
Entre las actuaciones pendientes mencionó la necesidad de comprobar su edad, determinar su posible vulnerabilidad, solicitar informes sociales y consultar, cuando corresponda, a los consulados, al Gobierno de Marruecos o a la Fiscalía.
También señaló que, en determinados casos, los menores tienen derecho a expresar su opinión dentro del procedimiento.
El PP sostiene que el Gobierno debe completar primero estas actuaciones y, posteriormente, sentarse con las comunidades para acordar la distribución y los recursos económicos necesarios.
Vox presiona en las comunidades donde gobierna con el PP
La apertura mostrada por la dirección nacional del PP choca con la posición de Vox en varias autonomías gobernadas por ambas formaciones.
Los acuerdos alcanzados durante este año incluyen el compromiso de oponerse por vías legales, políticas y administrativas a los mecanismos de reparto de migrantes, incluidos los menores no acompañados.
En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández, anunció que el Ejecutivo regional utilizará todos los medios disponibles para rechazar la distribución.
En Andalucía, el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, también afirmó que la Junta se opondrá a cualquier reparto planteado por el Gobierno central. Dirigentes de Vox en Castilla y León y Aragón han expresado posiciones similares.
Galicia, Valencia y Madrid alegan falta de capacidad
El mensaje ha sido diferente en las comunidades gobernadas únicamente por el PP.
La Xunta de Galicia reconoció que será necesario atender a los menores llegados a Ceuta. La Generalitat Valenciana no se negó a colaborar, aunque advirtió de que sus centros de acogida se encuentran “colapsados” y que deberá evaluar su capacidad.
La Comunidad de Madrid también afirmó que sus recursos están al límite. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendió que cada país debe hacerse cargo de su infancia, una declaración más crítica con la política migratoria del Ejecutivo.
Sira Rego viajará a Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tiene previsto desplazarse este viernes a Ceuta para supervisar la acogida de los menores y avanzar en la coordinación con las administraciones implicadas.
La identificación de los niños y adolescentes será determinante para conocer cuántos deberán ser trasladados y cómo se distribuirán entre las comunidades.
El reparto se perfila así como el próximo gran frente político derivado de la crisis fronteriza, con el Gobierno defendiendo su carácter obligatorio, el PP reclamando planificación y financiación y Vox presionando para bloquearlo desde las autonomías.
