La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Guardia Civil un informe detallado sobre su actuación durante la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada quiere esclarecer, entre otros aspectos, si el instituto armado recibió información previa que permitiera anticipar lo ocurrido.
La petición se enmarca en las diligencias abiertas para determinar si la movilización fue espontánea o si respondió a una acción concertada o dirigida. La investigación también deberá aclarar el dispositivo desplegado, las operaciones de rescate realizadas y las circunstancias de las personas fallecidas y supervivientes.
Las cifras sobre el alcance de la crisis continúan siendo objeto de discrepancias entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí.
La jueza pide conocer si existieron avisos previos
En la providencia, Tardón solicita a la Guardia Civil que informe sobre cualquier dato recibido durante los días anteriores que pudiera haber advertido de una entrada colectiva por la frontera del Tarajal.
La petición adquiere especial relevancia después de las versiones contradictorias sobre la existencia de alertas procedentes de los servicios de información e inteligencia.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido que su departamento no recibió avisos que anticiparan un episodio de esa magnitud. Otras informaciones, sin embargo, apuntan a que determinados grupos y mensajes difundidos en las redes sociales estaban siendo monitorizados antes del 30 de julio.
Será la investigación judicial la que determine qué información manejaban las autoridades, cuándo fue recibida y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.
Informe sobre el dispositivo y los rescates
La magistrada también reclama un relato pormenorizado del dispositivo desarrollado por los diferentes efectivos de la Guardia Civil desplegados en Ceuta.
El informe deberá centrarse especialmente en las operaciones de rescate de personas localizadas en aguas territoriales españolas y recoger sus circunstancias personales, siempre que fueran conocidas por los agentes.
Respecto a los fallecidos, la jueza pide conocer si consta la causa y la fecha aproximada de la muerte. En el caso de los supervivientes, solicita sus identidades y los datos de localización recopilados durante la intervención.
La Policía analiza si hubo una acción organizada
Esta semana, Tardón también solicitó información a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
El objetivo es determinar si la entrada masiva desde Marruecos fue promovida de manera coordinada y si detrás pudo existir algún grupo dedicado a organizar o facilitar los desplazamientos.
Las diligencias se abrieron después de una denuncia penal presentada por Iustitia Europa contra funcionarios, integrantes de posibles organizaciones criminales y autoridades españolas o extranjeras que pudieran ser identificadas durante la investigación.
La denuncia menciona presuntos delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Estas acusaciones se encuentran en fase inicial y no implican que las personas o instituciones investigadas hayan cometido los hechos denunciados.
La Audiencia deberá confirmar su competencia
La magistrada debe resolver todavía si corresponde a la Audiencia Nacional asumir la investigación penal de todos los hechos incluidos en la denuncia.
Para ello, solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia del tribunal, atendiendo a la naturaleza de los posibles delitos y a la eventual intervención de autoridades o grupos situados fuera de España.
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Hasta que se adopte esa decisión, las diligencias se centran en recopilar informes policiales, datos operativos y documentación relacionada con la respuesta desplegada durante la crisis.
Discrepancias sobre el número de personas que entraron
El Gobierno central cifra en aproximadamente 72.000 el número de personas que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva. Según Grande-Marlaska, alrededor de 70.000 ya habrían regresado a Marruecos.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha ofrecido un cálculo diferente. En una entrevista en TVE, situó el número total en torno a 80.000 personas y estimó que unas 6.000 continuarían en territorio ceutí.
También existen diferencias en las cifras sobre los fallecidos, por lo que los informes forenses y policiales serán determinantes para establecer un balance definitivo.
La investigación de la Audiencia Nacional deberá aclarar ahora si hubo avisos previos, cómo se organizó la respuesta y si la entrada masiva respondió a una actuación coordinada.
