Un tribunal de apelaciones en Nueva York ha tomado la decisión de anular una sentencia que condenaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, un litigio que se remonta a la nacionalización en 2012 de la petrolera estatal YPF, anteriormente controlada por la firma española Repsol.
Según el fallo emitido el viernes, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia dictada en septiembre de 2023. Esta decisión es un hito importante en el largo proceso que ha enfrentado a Argentina con varios inversores tras la expropiación de la compañía YPF.
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Antes de esta resolución, el tribunal había accedido a la solicitud de Argentina para suspender cualquier acción relacionada con la ejecución de la sentencia que le obligaba a pagar dicha suma. Este caso ha estado en manos de la corte federal de Nueva York desde 2015.
El litigio se origina del cuestionamiento respecto a si Argentina debe compensar a inversores que sostienen haber sufrido pérdidas cuando el Estado argentino adquirió el 51% de YPF sin realizar una oferta pública por el resto de las acciones de la empresa.
El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su satisfacción por lo que calificó de «histórico» fallo. Desde Buenos Aires, Milei manifestó su alegría señalando que era un día especial para el país y que se había derrotado a la firma Burford Capital en el sistema judicial de los Estados Unidos.
Burford Capital y Eton Park fueron las firmas que iniciaron la demanda en Nueva York en 2015, luego de adquirir los derechos de litigio de dos compañías españolas que se declararon en quiebra, las cuales habían sido afectadas por la expropiación de YPF.
Milei mencionó que este fallo evitará que Argentina deba pagar una cifra estimada en 18.000 millones de dólares, que abarcaría intereses acumulados desde la sentencia de 2023 de la jueza federal Loretta Preska.
El presidente también aprovechó la ocasión para criticar a la expresidenta Cristina Fernández y a Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, apuntando que la nacionalización de YPF fue una decisión de su administración, aprobada en el Parlamento en 2012.
El fallo de 2023, que fue apelado por Argentina, había ordenado a la nación ceder a los demandantes su participación en YPF. Sin embargo, el Gobierno argentino mantiene su posición de que la jurisdicción para resolver este litigio no debe ser en Estados Unidos, sino en su propio territorio.
