La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación de Fiscales contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. La designación, realizada por el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz mediante el Real Decreto 810/2024, llegó tras la anulación previa del primer nombramiento por parte del Alto Tribunal el 7 de mayo de 2024.
La asociación recurrente alegaba la existencia de una causa de incompatibilidad prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), sostenida en las actividades profesionales del cónyuge de Delgado, el exmagistrado Baltasar Garzón. Sin embargo, el Supremo descarta este argumento al constatar que Garzón ya no ocupa ningún cargo en la fundación señalada y que su renuncia está acreditada en escritura pública y aceptada por su Patronato.
Sobre la segunda causa de incompatibilidad invocada —el artículo 58.4 del EOMF, que alude al ejercicio profesional del cónyuge en la misma circunscripción— la Sala recuerda que la norma contempla una incompatibilidad específica cuando el cónyuge ejerce la abogacía, pero bajo requisitos que no se cumplen en este caso. El tribunal precisa que, tratándose de una circunscripción con población superior a 500.000 habitantes, opera el deber de abstención como mecanismo de garantía de imparcialidad.
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El Supremo evita pronunciarse sobre cómo debe aplicarse dicha abstención o quién debe asumir las sustituciones, pero advierte que estos mecanismos deberán estar garantizados para asegurar el funcionamiento del Ministerio Fiscal: “Lo que está en juego es la imparcialidad en el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal, constitucionalmente impuesta por el artículo 124.2 de la Constitución”, señalan los magistrados.
Además de las cuestiones de fondo, la resolución también rechaza los supuestos vicios formales alegados por la Asociación de Fiscales, al no apreciar la existencia de indefensión material.
El ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la Carrera Fiscal ya había sido anulado por el Supremo en dos ocasiones anteriores: primero, como fiscal de Sala de lo Militar y, posteriormente, como fiscal de Sala de Memoria Democrática. En la primera de esas resoluciones, el ex fiscal general García Ortiz fue condenado por desviación de poder.
La decisión conocida hoy consolida el segundo nombramiento de Delgado, en un contexto en el que el Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado y mientras continúan las tensiones internas en la carrera fiscal.
