El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este martes su rechazo frontal a la regularización extraordinaria de extranjeros aprobada por el Consejo de Ministros. Durante una reunión con sus parlamentarios en el Congreso, Feijóo ha calificado la medida —que afectará a cerca de medio millón de personas— como «inhumana», «injusta», «insegura» e «insostenible».
El jefe de la oposición sostiene que esta decisión del Ejecutivo no responde a criterios humanitarios, sino que, por el contrario, favorece la actividad de las mafias. Según Feijóo, la norma envía un mensaje de «éxito» a las redes de tráfico de personas, sugiriendo que en España «podrá entrar cualquiera».
Los pilares de la crítica del PP
Feijóo ha desglosado los motivos por los cuales el Partido Popular se opone al real decreto aprobado hoy:
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- Inseguridad y falta de control: El líder popular afirma que la norma carece de «exigencias suficientes» y que el Gobierno ni siquiera dispone de una cifra oficial precisa sobre cuántas personas se verán beneficiadas.
- Impacto económico: Ha tildado la medida de «insostenible» al haberse aprobado, según sus palabras, sin memoria económica ni previsión de los costes asociados en servicios públicos fundamentales como sanidad, educación, vivienda y servicios sociales.
- Conflicto institucional: Feijóo denuncia que la regularización va en contra de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Además, reprocha que el debate no se haya producido en el Parlamento, aprovechando que el presidente del Gobierno se encuentra de viaje oficial en China.
La alternativa: una política «legal y ordenada»
Frente a la actuación del Gobierno, el PP aboga por un modelo migratorio basado en la legalidad y el orden, alineado con las directrices europeas. Feijóo ha subrayado que, antes de plantear cualquier proceso de este tipo, es imperativo priorizar cuatro ejes de actuación:
- Reforma de las vías legales de acceso al país.
- Refuerzo del control de fronteras.
- Mejora de la tasa de retornos.
- Actuación directa en los países de origen contra el tráfico de seres humanos.
«Los españoles tienen derecho a controlar quién entra en su país y en qué condiciones vive», sentenció Feijóo.
Por su parte, el Consejo de Ministros defiende que el decreto exige a los solicitantes carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para la seguridad pública, buscando integrar formalmente a miles de personas que ya forman parte de la realidad social del país.
