La provincia de Huelva se ha consolidado como uno de los principales puntos de entrada de drogas en España, según denuncian fuentes de la Guardia Civil y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La presión policial en el Estrecho de Gibraltar ha desplazado a las mafias hacia el litoral onubense, donde operan con armas de guerra y en plena luz del día.
Un vídeo difundido en febrero por la AUGC mostró a narcotraficantes desembarcando fardos de droga cerca del Muelle de las Carabelas, en Palos de la Frontera, armados con subfusiles de asalto. Este escenario, aunque viral en su momento, evidenció que la costa onubense se había convertido en un auténtico “coladero” de estupefacientes.
Las estadísticas oficiales confirman la magnitud del problema: en 2024 se incautaron 34.000 kilos de hachís y casi 2.300 kilos de cocaína. La cocaína, en particular, muestra un crecimiento alarmante: cinco veces más que en 2023. Los datos provisionales de 2025 señalan que ya se han intervenido 42.000 kilos de hachís y 3.200 kilos de cocaína, lo que supone incrementos del 25% y 75%, respectivamente, respecto al período 2023-2025.
La violencia asociada también ha aumentado. Solo en los últimos dos años, las autoridades han incautado cerca de una treintena de armas de fuego empleadas en alijos de droga, muchas de ellas de fabricación reciente y de alto poder. Las bandas criminales han modernizado su logística, utilizando embarcaciones de recreo con dobles fondos para ocultar la mercancía; se han incautado 128 de estas embarcaciones, principalmente en los puertos de Ayamonte e Isla Cristina.
El Parque Nacional de Doñana se ha convertido en un “agujero negro” para el narcotráfico debido a la escasa presencia de vigilancia humana y la limitación de operativos en la zona. Según Lucas Lavilla, portavoz de la AUGC en Huelva, la droga entra “por tierra, mar y aire”, con hasta seis operaciones nocturnas diarias.
La AUGC alerta además de la falta de efectivos: faltarían al menos 300 agentes para cubrir las necesidades actuales, mientras que para garantizar niveles mínimos de seguridad serían necesarios 800 más. Por ello, reclaman que Huelva y el arco sur sean declarados zonas de especial singularidad, con más recursos y reformas legales que incluyan penas más severas y equiparación de cuerpos.
