En un esfuerzo coordinado para denunciar el uso de fondos públicos en políticas de control fronterizo, la organización de derechos civiles Mijente lanzó este lunes una campaña nacional que cubre 31 ciudades de Estados Unidos con más de 200 vallas publicitarias.
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Bajo el lema «ICE nos cuesta», la iniciativa busca visibilizar el impacto económico y social de las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuestionando las prioridades presupuestarias del gobierno federal.
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El costo de la «crueldad»
Los carteles, que estarán visibles durante las próximas cuatro semanas en metrópolis como Chicago, Los Ángeles, Boston, San Antonio y Miami, presentan imágenes de agentes fuertemente armados y detenciones de inmigrantes. El mensaje central es directo: «Tus impuestos son malgastados».
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Según la organización, el presupuesto anual de la agencia asciende a 28.000 millones de dólares, una cifra que contrasta con las carencias sociales de la población.
«Durante demasiado tiempo, nuestro gobierno ha priorizado la instalación de jaulas y la inversión de miles de millones en un aparato de control de inmigración que ha dejado a familias destrozadas», afirmó Marisa Franco, cofundadora de Mijente.
Puntos clave de la denuncia
La campaña resalta varios datos críticos sobre la gestión actual:
- Aumento en equipo militar: Mijente denuncia que el gasto en material bélico para el ICE se ha disparado un 600 % recientemente.
- Salud vs. Control: Algunos anuncios comparan los fondos destinados a la agencia con los 17 millones de personas en riesgo de perder Medicaid debido a recortes presupuestarios bajo la administración de Donald Trump.
- Impacto Económico: Franco señaló que, mientras millones de estadounidenses viven al día, la agencia opera con un «cheque en blanco» que no mejora la seguridad económica de las comunidades.
Mensajes de alto impacto
Entre las consignas más fuertes que se pueden leer en las calles se encuentran:
- «Financiar a ICE es un camino directo al fascismo».
- «A ellos les dan miles de millones para golpearnos; a nosotros, despidos y aumentos de alquiler».
La campaña no solo busca informar, sino exigir un cambio de rumbo en la política migratoria, priorizando la inversión en bienestar social por encima de la militarización de la vigilancia fronteriza.
