La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra el partido político Vox por presunta financiación ilegal. Esta acción se produce tras una denuncia del PSOE en diciembre, acusando a Vox de recibir más de cuatro millones y medio de euros de una entidad bancaria extranjera vinculada al gobierno húngaro.
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Según la denuncia, Vox habría recibido 9,2 millones de euros del banco húngaro Magyar Bankholding (MBH), propiedad de Lörinc Mészáros, amigo cercano del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Orbán es actualmente socio de Vox en el Parlamento Europeo.
Además de los fondos extranjeros, la investigación también abarca la posible financiación ilegal mediante el uso de «huchas» o «cajas de caudales» en mesas informativas callejeras desde 2020. El PSOE sostiene que estas prácticas permitieron a Vox captar fondos de manera opaca.
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El partido socialista también ha señalado la venta de productos de merchandising en estos puestos como un método para obtener dinero en efectivo sin transparencia.
En respuesta a la denuncia, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, minimizó la importancia de las acusaciones, sugiriendo que el PSOE intenta desviar la atención de sus propios casos de corrupción. Millán afirmó que no están preocupados y que el Tribunal de Cuentas tiene toda la información necesaria.
El verano pasado, el Tribunal de Cuentas ya había sancionado a Vox por infracciones graves relacionadas con la ley de financiación de partidos, debido a donaciones irregulares superiores a 200.000 euros en 2018 y 2019.
La situación actual plantea preguntas sobre la transparencia y legalidad de las prácticas de financiación de los partidos políticos en España. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción podría tener implicaciones significativas para Vox y su futuro político.
