La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que se investigue una presunta filtración del juzgado, haciendo referencia a la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.
Lee tambien: El Gobierno se pone en alerta ante el posible avance electoral de Vox alimentado por la crisis de Ceuta
En un escrito al que tuvo acceso EFE, el abogado de Álvarez, quien está siendo investigada junto a Gómez, pide que se abra una pieza separada para esclarecer la divulgación a OKdiario de una providencia dictada en enero. Dicho documento ordenaba a la Policía informar sobre los intentos de obtención de pasaportes de ambas, que habían solicitado sin éxito.
Te interesa
Además, la defensa solicita que se deje sin efecto el requerimiento de los pasaportes y de cualquier otra documentación, alegando que vulnera el derecho al silencio de las investigadas. Según el escrito, la providencia se fechó el 12 de enero, pero no fue enviada al sistema Lexnet hasta la tarde del 13, siendo accesible para las partes solo desde la mañana del día 14.
Sin embargo, OKdiario publicó su contenido el 13 de enero a las 5:46 horas, y luego modificó la noticia para eliminar la referencia a la providencia. La defensa sostiene que la filtración provino del juzgado y que quien la originó advirtió al medio sobre el error para que retirara la mención.
El letrado recuerda que el Tribunal Supremo condenó recientemente a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, por hechos con «indicios muy similares» a los que describe el presente escrito.
El juez Peinado mantiene investigadas a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de fondos públicos; a Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación; y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en el sector privado y apropiación indebida.
El procedimiento busca esclarecer si Gómez influyó a favor de empresas de Barrabés, así como su implicación en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y si empleó a su asesora para fines privados.
