Más de 2.000 días han pasado entre la muerte de al menos 15 personas en el espigón del Tarajal y el cierre de la instrucción que intenta esclarecer qué pasó. Según ha avanzado El Confidencial, el juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha decidido procesar a 16 guardias civiles investigados por homicidio imprudente. Las acusaciones no han recibido todavía las notificaciones de tal procesamiento
La madrugada del 6 de febrero al menos 15 personas migrantes murieron intentando entrar a nado a Ceuta por el espigón del Tarajal. La Guardia Civil utilizó material antidisturbios para evitar la entrada de más de un centenar de personas de origen subsahariano. El conocido como juicio del 6-F intenta esclarecer si la actuación de la benemérita se puede considerar homicidio imprudente y denegación de auxilio. La jueza ha considerado, según El Confidencial, que hay indicios de tales delitos graves. El delito de lesiones quedaría archivado. Ahora las acusaciones particulares tienen un plazo de diez días para pedir el archivo de este último punto y presentar informes contra los agentes.
Hace menos de una semana que conocíamos la decisión de la misma magistrada de prescindir de la declaración de un tercer testigo mediante videoconferencia desde Alemania. En El Foro de Ceuta explicamos este fin de semana que el Observatori DESC presentaría un recurso contra esta decisión. Ahora, con el fin de la fase de instrucción y el procesamiento de los agentes, esta prueba anticipada pasaría a formar parte del juicio oral.
Una causa cerrada y reabierta en dos ocasiones
La anterior jueza del caso archivó en dos ocasiones el caso. En sendas, las acusaciones recorrieron a la Audiencia Provincial de Cádiz, que les dió la razón y ordenó la reapertura del caso, indicando que la magistrada de instrucción no había hecho «el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos«.
El ministro del Interior fue contradicho por las grabaciones
Los cinco años entre los hechos y el momento actual han dificultado la obtención de pruebas y testigos por parte de la defensa. En un primer momento, el ministerio de Interior, que dirigía Jorge Fernández Díaz, negó el uso de material antidisturbios la madrugada del 6-F. Al cabo de unos días aparecieron las imágenes de la cámaras de seguridad de la frontera que contradijeron el discurso oficial, cosa que llevó al ministro a comparecer en el Congreso de los Diputados. Allí afirmó que con las armas se había simplemente marcado «una barrera disuasoria».
