Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado solicitarán más documentación a la Ciudad Autónoma y las empresas contratadas tras la crisis de mayo para la atención a las personas migrantes, ya que “podrían haberse dado beneficios mensuales de hasta 150.000 euros”
Rafael Escudero, director de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, acusación popular del caso de la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos el año pasado, ha denunciado hoy en rueda de prensa el “gasto exorbitado” de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante la crisis de mayo, de 1,8 millones de euros en la acogida a personas migrantes con un gasto inicial de casi dos millones en instalaciones, para después ofrecer una “atención deficitaria”. Han calculado que las empresas podrían haber obtenido beneficios “de hasta 150.000 euros” mensuales.
A través de una serie de contratos de emergencia para adecuar las naves del Tarajal, los albergues temporales y todos los recursos materiales, se destinaron un total de 1.037.226 euros en calidad de “obras, instalaciones y adquisiciones”. Así lo recoge el sumario del caso que investiga a Deu y Mateos por la devolución de menores, una cantidad de dinero con la que “se podrían haber construido dos colegios” y que despierta dudas en la acusación popular.
“Todos fuimos conocedores de que había niños durmiendo en condiciones infrahumanas, incluso en estantes de metal de obra”, por lo que les parece “increíble” que la Ciudad haya gastado ese dinero. “Tengo dudas razonables de la efectividad, sobre todo de que esto se ejecutara, cómo, cuándo y si llegó a término”, ha dicho Escudero. En cuanto a los gastos en términos de “primero acogida”, superan los 800.000 euros: “incluyendo gastos que se repiten en los contratos con Samu o Engloba. Vemos cosas raras, no tenemos claro que se gastó y que se dio, no hay control”.
Además, desde la Red de Inmigración destacan que la Ciudad Autónoma no cumplió con los protocolos establecidos cuando un menor de edad migrante llega solo a España, cuando tienen que pasar automáticamente a tutela de las autoridades y las administraciones públicas. “Esto se tiene que hacer a hacer a través de la Comisión de Asuntos para la Infancia, por lo que la Ciudad debería automáticamente haber realizado una reunión de esa comisión, haber remitido resoluciones individuales de esa tutela y haber derivado la guarda, pero esas reuniones nunca se procedieron”, ha explicado.
A más niños, menos dinero
La Fundación Grupo SAMU presentó un cálculo de gastos en el que el precio dependía del número de menores a los que tenía que aprender, pero señalando que “mientras más menores se les diese, menos dinero se pedía”. Un hecho que para Escudero “no tiene sentido ni justificación técnica, salvo que hubiera menores de primera y menores de segunda”. A SAMU se le concedió más de un millón de euros al mes.
“Nos preocupa, sobre todo que cuanto más menores, lo que significa que tienes más responsabilidad, pidas menos dinero. El gasto mensual era de 1,8 millones de euros mensuales para hacer una atención que visto lo que vimos en videos, fotos, las testificales de los niños, era por lo menos deficitaria”, ha dicho Escudero.
La acusación popular solicitará más documentación sobre la ejecución y la supervisión de los menores, ya que solo hay “referencias genéricas”, y una vez cotejados y analizados los datos “podrían haberse dado beneficios mensuales de 150.000 euros”.
