El español Daniel Sancho solicitó a su madre, Silvia Bronchalo, el traslado de 100.000 euros a Tailandia con el objetivo de salir de prisión bajo fianza e influir en los encargados de juzgar su caso. Según revela una conversación telefónica grabada el 4 de octubre de 2025, el recluso propuso la compra de un terreno a través de una intermediaria local para acceder a personas con capacidad de maniobra dentro del estamento judicial tailandés, asegurando a su progenitora que debían pasar a «ganar por las malas».
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Una operación para intentar obtener la libertad provisional
En la llamada telefónica, Daniel Sancho trasladó a Silvia Bronchalo la urgencia de mover sus ahorros hacia Tailandia para utilizarlos como fianza y garantía patrimonial ante las autoridades locales. Durante el diálogo, el español explicó a su madre que una mujer identificada como Alice le había propuesto adquirir un terreno a propietarios con influencia institucional. Según el plan expuesto por el recluso desde el centro penitenciario, esta transacción serviría para influir en la designación de los magistrados encargados de su causa y lograr su salida de la cárcel con fecha límite fijada para el 15 de noviembre.
Silvia Bronchalo manifestó sus dudas sobre la viabilidad de la maniobra y las complicaciones fiscales que conlleva realizar una transferencia bancaria de 100.000 euros a un tercer país fuera de la Unión Europea, advirtiendo sobre los controles del Banco de España. Ante este reparo, Sancho sugirió fraccionar el envío de los fondos en múltiples operaciones consecutivas de 9.000 euros y le urgió a desplazarse presencialmente a Tailandia antes de los días 9 y 10 para cerrar el acuerdo.
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Transferencias fraccionadas y compra de influencias en el entorno judicial
El planteamiento detallado por el recluso estipulaba que la propiedad del terreno adquirido quedaría registrada temporalmente a nombre de la intermediaria Alice, debido a los impedimentos legales que la legislación de Tailandia impone a los ciudadanos extranjeros para poseer bienes inmuebles en su territorio. Sancho argumentó a su madre que la persona vendedora de la finca ejercería una labor de mediación directa ante altos estamentos judiciales para redirigir el procedimiento penal hacia magistrados favorables a sus intereses.
Frente a las preguntas de su progenitora acerca de la identidad de los implicados y las garantías de legalidad del procedimiento, el español declinó ofrecer nombres específicos a través de la línea telefónica y exigió actuar bajo el estricto secreto entre un grupo reducido integrado por él mismo, su madre, la citada intermediaria y otro interno de la prisión llamado Kaiser.
Rechazo a indemnizar a la familia de Arrieta y giro en la estrategia
Durante la conversación, Silvia Bronchalo cuestionó las garantías de mantener la integridad de sus ahorros personales y planteó si hubiera resultado más conveniente destinar parte de esos fondos al pago de una indemnización económica a la familia de la víctima, Edwin Arrieta. Ante esa sugerencia, Daniel Sancho interrumpió la propuesta de su madre instándola a olvidar lo sucedido en el pasado y centrarse en la ejecución del plan.
A las dudas expuestas sobre los motivos para no haber aplicado esta estrategia con anterioridad, el recluso argumentó que la evolución inicial del caso indicaba una resolución favorable sin necesidad de intervenciones externas. No obstante, al considerar que la situación judicial se había complicado en su contra, justificó el cambio de planteamiento para intentar alterar el curso del proceso en territorio tailandés.
