El consejero Alejandro Ramírez cifra en 15.000 toneladas los residuos generados tras dos meses de crisis y defiende la expulsión como única salida frente a las peticiones de Vox de blindar y militarizar los parques infantiles.
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CEUTA.– El debate sobre las consecuencias operativas, de limpieza y de seguridad ciudadana que atraviesa Ceuta ha vuelto a tensionar la Asamblea autonómica. Durante el pleno de control, el consejero del área, Alejandro Ramírez, ha ofrecido cifras que reflejan el volumen del impacto en los servicios municipales: la ciudad ha recogido 15.000 toneladas de basura en apenas dos meses, lo que representa prácticamente la mitad de todas las toneladas gestionadas a lo largo del año 2025 (38.000 toneladas).
1. Servicios de limpieza duplicados y saturación urbana
La gestión de los residuos y la conservación del espacio público se ha convertido en el principal termómetro de la crisis asistencial:
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- Pico de residuos: Ramírez admitió que, aunque los primeros días fueron «caóticos», los servicios de limpieza municipales han tenido que duplicarse prácticamente desde el primer día para poder atender la acumulación de desperdicios en las calles y zonas recreativas.
- Refuerzo policial: La Policía Local ha incrementado las labores de vigilancia continua en las zonas sensibles para tratar de contener y reducir el número de incidencias registradas.
2. Choque político por el uso y seguridad de los parques infantiles
El pleno vivió sus momentos de mayor tirantez a raíz de la interpelación de la diputada de Vox, Ana Belén Cifuentes, centrada en la situación de los parques infantiles de titularidad municipal:
- Denuncia de Vox: Cifuentes exigió medidas de aseguramiento inmediato, cierres perimetrales y horarios reducidos, denunciando la presencia de asentamientos informales en recintos infantiles con episodios de insalubridad y alteración del orden público.
- Crítica a la gestión municipal: La representante de Vox reprochó al Ejecutivo autonómico su inacción a la hora de garantizar el uso prioritario de los niños en estos espacios públicos y criticó la celeridad administrativa desplegada en los contratos de emergencia frente a la protección de las instalaciones de la ciudad.
3. Rechazo a la «militarización» y exigencia de expulsiones
En su turno de respuesta, el consejero Alejandro Ramírez marcó la posición del Gobierno local respecto a la gestión del conflicto en las vías públicas:
- Rechazo a vigilar cada parque: Ramírez rechazó categóricamente la adopción de medidas excepcionales permanentes en las instalaciones de juego: «Me niego a que la nueva normalidad sea tener los parques infantiles militarizados o un policía local en cada uno».
- Devolución como única solución: El consejero remarcó que la solución definitiva pasa por la vía operativa estatal e institucional, exigiendo que tras dos meses de tensión se proceda a la expulsión y retorno de las personas involucradas para restablecer la plena normalidad en la ciudad.
