La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la progresión al tercer grado penitenciario del antiguo integrante de ETA Asier Arzalluz Goñi, condenado por varios atentados, entre ellos el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle, ocurrido en Andoain (Guipúzcoa) el 7 de mayo de 2000.
El coordinador de vigilancia penitenciaria del ministerio público, Carlos García Berro, ha impugnado la decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco de conceder la semilibertad a Arzalluz, conocido en la organización con los alias de Santi, Epeta y Sendoa. Está previsto que el condenado finalice el cumplimiento de su pena en octubre de 2030.
El tercer grado fue calificado de “fraudulento” por el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, que sostiene que el preso “sigue plenamente vinculado al entorno de la izquierda abertzale”.
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En una nota, la Fiscalía explica que la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario —que permite flexibilizar el régimen de cumplimiento y autoriza salidas para trabajar o realizar voluntariado— requiere tiempo para evaluar su eficacia. Según el ministerio público, la experiencia penitenciaria muestra que su utilización debe observarse durante periodos prolongados para comprobar resultados reales y una evolución consolidada.
Petición de perdón y evolución del tratamiento
La Fiscalía reconoce que la Administración ha tenido en cuenta que Arzalluz ha pedido perdón a las víctimas y ha asumido su responsabilidad en los hechos por los que fue condenado, así como el daño causado por la organización terrorista. No obstante, recuerda que el Tribunal Supremo exige que la evolución en el tratamiento penitenciario tenga consistencia temporal.
El alto tribunal establece que los avances deben ser fruto de un proceso consolidado y no de cambios recientes, por lo que prohíbe progresiones rápidas basadas en periodos cortos de aplicación del artículo 100.2. Un plazo de tres o cuatro meses, señala la Fiscalía, no acredita estabilidad ni permite verificar cambios sólidos en delitos de especial gravedad.
Arzalluz ingresó en prisión el 10 de noviembre de 2009 y cumple una condena acumulada de 30 años por su participación en varios atentados, entre ellos el asesinato de López de Lacalle —por el que fue sentenciado en 2024— y el de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca).
