El Ministerio Fiscal reclama una multa de 180 millones de euros para el BBVA como persona jurídica y eleva a 243 años la petición de prisión para el exjefe de seguridad Julio Corrochano
El horizonte judicial de Francisco González se ensombrece definitivamente. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 173 años de prisión para el expresidente del BBVA en el marco del denominado ‘caso Villarejo’. El escrito de acusación, presentado por la fiscal Elisa Lamela, estrecha el cerco sobre la cúpula de la entidad por el presunto espionaje sistemático a empresas y particulares entre los años 2004 y 2016.
La petición del Ministerio Público se desglosa en cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho y la impactante cifra de 168 años adicionales por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros (computando cuatro años por cada uno de ellos). Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía interesa la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 60.800 euros para el exbanquero.
El BBVA, única entidad del Ibex 35 en el banquillo
La relevancia de este proceso radica en que el BBVA se ha convertido en la única corporación del Ibex 35 que se sentará en el banquillo como persona jurídica por la contratación de las empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo. Mientras que otras firmas de peso como Iberdrola, Repsol o Caixabank lograron el archivo de sus causas por falta de indicios, la Fiscalía reclama ahora para el banco de origen vizcaíno una multa de 180 millones de euros por cohecho activo y revelación de secretos.
En el lado opuesto de la balanza judicial se encuentra Ángel Cano. El que fuera consejero delegado de la entidad durante parte del periodo investigado ha sido exculpado por el Ministerio Fiscal, que no dirige acusación contra él en este escrito de conclusiones provisionales.
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Penas récord para Corrochano y Villarejo
Pese a la severidad de la petición para Francisco González, no es la más elevada del proceso. La Fiscalía solicita 243 años de cárcel para el exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, al que imputa delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Por su parte, para el propio excomisario Villarejo, la fiscal solicita 174 años de prisión, agravando su responsabilidad por su condición de funcionario público en el momento de los hechos.
El escrito de acusación se dirige contra un total de 12 ex altos directivos y exmandos policiales, marcando un hito en la investigación de las cloacas del Estado y su relación con las altas esferas del sector financiero español.
