La investigada, que aseguran dijo desconocer el procedimiento y reconoció que no hizo ninguno de los trámites, confección de expedientes o guías de actuación derivadas de la normativa vigente ahondó en la versión de responsabilizar de dichos trámites a su Secretario General en la Delegación del Gobierno de España en Ceuta y tuvo un intenso debate con la representante del Ministerio Fiscal cuando llegó a indicar, en su interrogatorio, que la Fiscalía conocía y estaba conforme con el proceso
Según ha afirmado la Red de migración y ayuda al refugiado, la Delegada del Gobierno de España en la ciudad autónoma de Ceuta procedió a señalar a lo largo de su interrogatorio tanto al Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior como a la Jefa de Gabinete de la ex Vicepresidenta (Isabel Valdecabras, ahora Directora General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y también magistrada en servicios especiales) como sus principales interlocutores.
La investigada, que aseguran dijo desconocer el procedimiento y reconoció que no hizo ninguno de los trámites, confección de expedientes o guías de actuación derivadas de la normativa vigente ahondó en la versión de responsabilizar de dichos trámites a su Secretario General en la Delegación del Gobierno de España en Ceuta (que acudirá como testigo a instancias de la Fiscalía) y tuvo un intenso debate con la representante del Ministerio Fiscal cuando llegó a indicar, en su interrogatorio, que la Fiscalía conocía y estaba conforme con el proceso, algo que fue rebatido en el turno de palabra del Ministerio Fiscal que exhibió diferentes documentos y requerimientos de información que jamás fueron contestados por la Delegación.
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«La Delegada, que excusó parte de su falta de información con haber padecido COVID19 durante parte de las fechas de comisión de los hechos, ha llegado a cargar duramente contra las entidades de tutela a las que acusó de “llevarse un dineral (sic)” y que a raíz de ese elemento dinerario se movilizaban contra estos procesos, insinuando, implícitamente que dichos informes y carga probatoria estaba contaminado por ser prestatarios de servicios a la ciudad autónoma, en cuya área de infancia descargó toda su responsabilidad en materia de informes, comprobación de la vulnerabilidad de los menores antes de su deportación y otros elementos».
Desde la Red Española de migración y Ayuda al Refugiado que manifiesta que, una vez más, no pudo intervenir por «la negativa de la investigada a contestar a preguntas de la acusación popular, se quiere señalar como la comparecencia como investigada de la Delegada galvaniza el hilo conductor entre el Gobierno Central, del que ella forma parte, el Ministerio del Interior y el resto de agentes públicos como impulsores y cooperadores necesarios de este procedimiento que, como la propia investigada llegó a afirmar, contó con su conocimiento en cada fase. Por todo ello, la Red se reiterará en su propuesta de pruebas y testificales al tiempo que valorará nuevas pruebas que puedan ser de interés para determinar el nivel de conocimiento y grado de implicación del Gobierno de España en esta causa y sus Ministerios» concluye la Red en su comunicado.
