Un documento oficial del Ministerio de Justicia advierte de que la inmigración irregular es un «catalizador» para redes criminales y «elementos terroristas», contradiciendo la flexibilidad del nuevo proceso de regularización.
El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a medio millón de inmigrantes irregulares, tras su reciente acuerdo con Podemos, ha hecho aflorar una severa contradicción interna dentro del Ejecutivo. Los términos de este proceso colisionan frontalmente con las advertencias recogidas en la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, un documento oficial firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y publicado en el BOE el pasado mes de julio de 2025.
En dicho texto, el propio Ministerio de Justicia alerta sin ambages sobre la presión migratoria que sufre España, señalando que «la inmigración irregular puede ser utilizada por los elementos terroristas». El documento subraya la amenaza que representan las redes de tráfico de personas, calificándolas como un motor para otras actividades de delincuencia organizada transfronteriza que ponen en riesgo la seguridad nacional y la del conjunto de la Unión Europea.
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Instrumentalización y desestabilización institucional
La estrategia analizada advierte sobre un escenario de tensión geoestratégica donde terceros países o «actores no estatales» podrían instrumentalizar los flujos migratorios con el objetivo de desestabilizar las instituciones españolas. En este sentido, el Gobierno reconocía hace apenas unos meses la «vital importancia» de colaborar con los países de origen para identificar perfiles vinculados al terrorismo y respaldados por mafias.
Sin embargo, el nuevo proyecto para la regularización de al menos 500.000 personas introduce mecanismos que, a juicio de los expertos, relajan los controles de seguridad exigidos en documentos estratégicos previos.
El vacío de los antecedentes penales: la «declaración responsable»
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta gubernamental es el tratamiento de los antecedentes penales de los solicitantes. El proyecto permitirá que los delitos cometidos fuera de España queden sin efecto mediante un procedimiento administrativo que prioriza la celeridad sobre la verificación exhaustiva.
Según la normativa prevista:
- La Administración solicitará a los países de origen la información sobre el historial delictivo del inmigrante.
- Si en el plazo de un mes no hay respuesta del país de origen, el interesado podrá acogerse a un supuesto excepcional.
- Bastará con presentar una «declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales» para que se dé por cumplido el requisito.
Esta medida genera una especial preocupación en relación con ciudadanos procedentes de Estados con inestabilidad política o fragilidad burocrática, como Sierra Leona, Níger, Mali o Somalia. En estos contextos, donde la colaboración diplomática es lenta y el riesgo de falsificación documental es elevado, la firma del propio interesado será la única prueba reclamada por el Estado para proceder a su regularización masiva.
Esta laxitud administrativa choca con la «implicación multisectorial» que el propio ministro Bolaños reclamaba en julio para contener un fenómeno que el Gobierno, en sus informes de seguridad, sigue definiendo como una «seria amenaza» para el territorio nacional.
