Tras una investigación interna que recogió múltiples denuncias, la Universitat de Barcelona (UB) ha decidido remitir a la Fiscalía las acusaciones contra Ramón Flecha y miembros del grupo CREA por presuntas conductas de acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral. El colectivo ya ha anunciado su disolución y la universidad ha suspendido a varios implicados.
El caso, que salió a la luz en julio de 2025, comenzó cuando catorce mujeres —alumnas, becarias o investigadoras vinculadas al grupo CREA— denunciaron ante la UB abusos de poder, coerción sexual y desigualdad jerárquica ejercidos por el catedrático emérito Ramón Flecha. Afirmaron que sus opciones académicas dependieron de favores sexuales, y describieron un patrón de presión, intimidación y explotación prolongada durante décadas.
Tras la reacción inicial, la universidad abrió una comisión investigadora compuesta por expertos en violencia de género y acoso institucional. En los últimos días, ese comité ha concluido un informe preliminar donde se apunta que las conductas denunciadas podrían encajar en la definición de un “grupo coercitivo de alto control”.
Ante la gravedad de los hechos narrados y la consistencia en las declaraciones de las víctimas —que ya suman dieciséis con el último añadido—, la universidad ha optado por trasladar el caso al Ministerio Fiscal y suspender cautelarmente a los implicados: el propio Flecha y al menos otros tres miembros del grupo.
Como consecuencia inmediata, el grupo CREA ha anunciado su disolución “con efectos inmediatos”, argumentando el deseo de evitar nuevos perjuicios profesionales a sus miembros, aunque mantiene que las denuncias forman parte de una campaña de difamación.
Qué revela la investigación y por qué importa
Las denuncias abarcan una larga trayectoria: se señalan abusos sexuales, acoso laboral, presión psicológica, intimidación, explotación de subordinadas y un ambiente de sumisión donde las relaciones de poder se mezclaban con la promesa de carreras académicas.
El informe preliminar califica el funcionamiento del grupo como “grupo coercitivo de alto control”, lo que implica que no se trataría de casos aislados, sino de un mecanismo estructural de abuso.
La UB ha anunciado además que actuará como acusación particular si la Fiscalía considera que los hechos constituyen delito; paralelamente, ha adoptado medidas cautelares y ofrece apoyo psicológico a las denunciantes.
El “caso Flecha” marca un antes y un después en la comunidad académica española. La decisión de la UB de llevar los hechos ante la justicia y la disolución del grupo CREA son señales de que las instituciones deben responder con firmeza ante denuncias de abuso de poder. Para muchas de las víctimas, este paso representa una posibilidad real de justicia y reparación. Pero también evidencia la necesidad de revisar estructuras de poder, jerarquías abusivas y mecanismos de control en el mundo universitario.
