La figura de Leire Díez se ha convertido en uno de los símbolos más controvertidos del desembarco del aparato socialista en empresas públicas durante los primeros años del mandato de Pedro Sánchez. Su paso por organismos como Correos y ENUSA dejó tras de sí un reguero de conflictos internos, denuncias soterradas y sospechas de interferencias políticas que hoy están bajo la lupa de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
En la sede central de Correos, en la calle Conde de Peñalver, aún se recuerda un episodio que marcó su reputación. Una funcionaria denunció ante sus superiores haber sido reprendida a gritos por Leire Díez tras adoptar decisiones que, según esta, perjudicaban “los intereses del PSOE”. El altercado, ocurrido en un organismo público y ante personal funcionario, causó estupor entre los trabajadores, que veían cómo criterios políticos se imponían sobre la gestión técnica. La denuncia no prosperó.
Fuentes internas describen a Díez como una apparatchik del partido, colocada —según estas versiones— sin atender a su cualificación profesional, con el objetivo de vigilar ideológicamente la actividad del ente. Ese control no se habría limitado al discurso político. Durante su etapa en Correos se produjeron operaciones contractuales que levantaron sospechas, como una controvertida licitación de limpieza que derivó en una huelga tras el impago de salarios a las trabajadoras. Un informe interno, que recomendaba abonar al empresario 1,5 millones de euros adicionales con cargo a fondos públicos, habría sido impulsado desde la dirección en la que Díez ejercía influencia. La SEPI frenó finalmente ese pago.
Aunque esa operación no prosperó, sí se materializaron adjudicaciones a empresas posteriormente investigadas en el marco del caso Koldo. Entre ellas figura Sortis Telecomunicaciones, que recibió contratos por valor de dos millones de euros durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, estrecho colaborador de Pedro Sánchez, con Díez aún en Correos. El sucesor de Serrano anuló de inmediato esos acuerdos.
La trayectoria de Díez se aceleró tras la llegada del PSOE al poder en 2018. Militante socialista desde los años noventa y con una carrera discreta en el ámbito municipal y vasco, su ascenso coincidió con la colocación de personas de confianza del presidente en puestos estratégicos del sector público. Ese mismo año fue nombrada jefa de Comunicación de ENUSA, la empresa estatal encargada del suministro de uranio a las centrales nucleares, pese a no constar una preparación específica en el sector.
En ENUSA, su contratación fue impulsada por José Vicente Berlanga, presidente de la compañía designado por el entonces ministro José Luis Ábalos, hoy imputado. Durante su etapa en la empresa, Díez elaboró varias notas de prensa por las que percibió más de 108.000 euros, además de dietas. Trabajadores de la compañía relatan que su llegada causó sorpresa en una plantilla formada mayoritariamente por ingenieros altamente cualificados y que atravesaba un conflicto laboral sin resolver.
Las relaciones de Díez con dirigentes como Santos Cerdán, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández o el propio Berlanga, así como su posterior paso por múltiples cargos en Correos —Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros— reforzaron su influencia interna. Paralelamente, ocupó un puesto en el consejo de administración de la tecnológica Cistec coincidiendo con la entrada del Estado en su accionariado.
Su nombre saltó definitivamente a la opinión pública tras conocerse grabaciones en las que aparece tratando de desacreditar a jueces, fiscales y a la UCO, así como presentándose como “la mano derecha” de Santos Cerdán. Investigadores y fiscales la describen como una figura zafia pero peligrosa, con una extensa red de contactos.
Actualmente, Leire Díez está acusada de seis delitos y su actividad es objeto de investigación en todos los organismos por los que pasó. Su caso se ha convertido en uno de los factores que más tensionan al Gobierno, al poner de relieve el uso de estructuras públicas para fines partidistas. La pregunta que sobrevuela ahora es si esa defensa de los intereses del PSOE fue una militancia desinteresada o algo más.
