España y Marruecos mantienen desde hace casi dos décadas un acuerdo de extradición que ha servido como base para la cooperación judicial entre ambos países. Sin embargo, la amenaza de Rabat de suspender este convenio ha vuelto a poner el foco sobre un mecanismo que acumula cientos de entregas, pero también numerosas solicitudes rechazadas por los tribunales españoles.
El actual acuerdo de extradición entre España y Marruecos fue firmado el 24 de junio de 2009 en Rabat y entró en vigor definitivamente en septiembre de 2012. Ahora, en plena tensión diplomática por la crisis migratoria de Ceuta, el Gobierno marroquí ha anunciado que estudia suspender su aplicación, alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por la justicia del país norteafricano.
El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha cuestionado el funcionamiento del sistema y ha denunciado que en algunos casos funcionarios marroquíes se desplazan hasta España para hacerse cargo de personas reclamadas y finalmente la entrega no se produce porque los detenidos quedan en libertad.
Desde Rabat consideran que existe una falta de reciprocidad y reclaman que España aplique con mayor rigor los procedimientos establecidos en el convenio bilateral. Esta postura ha abierto un nuevo conflicto en una relación marcada por la cooperación estratégica, pero también por constantes desencuentros.
Un convenio firmado para reforzar la cooperación judicial
El primer marco legal entre España y Marruecos en materia de extradición se estableció en 1997, con un convenio que sentó las bases para la entrega de personas reclamadas por ambos países.
Aquel acuerdo recogía principios fundamentales como la negativa a extraditar ciudadanos nacionales y la exclusión de los delitos políticos. También establecía que los delitos de terrorismo no podían ser considerados dentro de esa categoría.
Con el objetivo de actualizar la cooperación judicial, ambos países firmaron un nuevo convenio en 2009, que sustituyó al anterior y es el que continúa vigente actualmente.
El tratado establece que la extradición puede solicitarse cuando los delitos por los que se reclama a una persona tengan una pena mínima determinada: al menos dos años de prisión para personas procesadas y seis meses cuando existe una sentencia firme.
A pesar de las tensiones actuales, este acuerdo ha permitido una amplia colaboración entre los sistemas judiciales de ambos países.
Los principales casos rechazados por España
Desde 2018, España ha rechazado 92 solicitudes de extradición procedentes de Marruecos. Las decisiones judiciales han respondido a diferentes motivos recogidos en la legislación española y en el propio convenio bilateral.
2026: un caso ya juzgado en España
Uno de los casos más recientes fue el rechazo de la extradición de un ciudadano marroquí condenado en España por ser responsable de una patera en la que murieron 16 personas.
La Audiencia Nacional consideró que los hechos por los que Marruecos solicitaba su entrega ya habían sido juzgados en España. El acusado había recibido una condena de nueve años de prisión por delitos relacionados con inmigración ilegal y homicidios imprudentes.
Aunque el tribunal reconoció que la solicitud marroquí cumplía inicialmente los requisitos del convenio, rechazó la entrega porque existía una sentencia previa por los mismos hechos.
2025: falta de información sobre los delitos
En diciembre de 2025, la Audiencia Nacional denegó otra extradición solicitada por Marruecos contra un ciudadano acusado de formar parte de una red dedicada al traslado irregular de inmigrantes en embarcaciones neumáticas.
Los jueces consideraron que la documentación enviada por Marruecos no detallaba suficientemente la participación concreta del reclamado en los hechos, incumpliendo los requisitos exigidos por el acuerdo bilateral.
2024: delitos no contemplados en España
Otro caso afectó a Issam Azmani, acusado por Marruecos de pertenecer a una organización dedicada al traslado clandestino de personas hacia Europa.
La Audiencia Nacional rechazó la extradición porque los delitos atribuidos al acusado no tenían una correspondencia clara dentro del Código Penal español, un requisito necesario para autorizar la entrega.
2023: problemas en la documentación judicial
En enero de 2023, España rechazó extraditar a Yassin S., acusado por Marruecos de liderar una organización dedicada al tráfico de migrantes.
El tribunal consideró que faltaba una valoración judicial marroquí que justificara la necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada. Según la Audiencia Nacional, esa ausencia podía afectar derechos fundamentales como la libertad personal y las garantías procesales.
El caso que marcó la relación judicial: Daniel Galván
Uno de los episodios más polémicos relacionados con la extradición entre ambos países fue el caso de Daniel Galván Viña.
Galván, condenado en Marruecos por delitos sexuales contra menores, fue incluido en un indulto concedido por error junto a otros presos españoles por el rey Mohamed VI en 2013. La decisión provocó una fuerte reacción social y política en Marruecos.
Tras ser detenido posteriormente en España, las autoridades marroquíes solicitaron su extradición. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó entregarlo, entre otros motivos porque el convenio no permite la extradición de ciudadanos nacionales y porque España decidió que cumpliera la condena pendiente en territorio español.
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El debate sobre el papel del fiscal marroquí
Uno de los asuntos que más debate ha generado en los últimos años es que muchas solicitudes de extradición procedentes de Marruecos son emitidas por el fiscal del rey, en lugar de un juez.
Esta cuestión llegó al Tribunal Constitucional español, que tuvo que analizar si esta práctica podía afectar a las garantías judiciales.
Tras estudiar el sistema marroquí, el Constitucional avaló en 2024 las extradiciones solicitadas por la Fiscalía marroquí al considerar que el fiscal del rey forma parte del poder judicial del país y que sus actuaciones pueden ser válidas dentro del marco del convenio bilateral.
La decisión permitió mantener el modelo de cooperación existente entre ambos Estados.
Un acuerdo bajo presión diplomática
Aunque el convenio de extradición continúa vigente, la amenaza de Marruecos de suspenderlo añade un nuevo elemento de tensión a las relaciones bilaterales.
La inmigración irregular, la seguridad fronteriza y la cooperación judicial siguen siendo asuntos centrales entre Madrid y Rabat. Mientras España defiende la importancia de mantener una relación estratégica con Marruecos, el Gobierno marroquí utiliza ahora el acuerdo de extradición como argumento dentro de una disputa diplomática más amplia.
