La Comunidad de Madrid ha decidido abandonar el Consorcio de la Casa Árabe después de conocer las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la gestión realizada entre 2022 y 2024, periodo en el que la institución estuvo dirigida por Irene Lozano. La salida se formalizó mediante una carta fechada el 7 de enero de 2026 y remitida al director general del organismo, Miguel Moro Aguilar.
El escrito, firmado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, traslada la decisión “en nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”, y vincula directamente la retirada a las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador del Estado y a la situación económica crítica que atraviesa la entidad.
Según recoge el informe del Tribunal de Cuentas, más del 60% de los contratos públicos analizados durante el mandato de Lozano incumplieron la Ley de Contratos del Sector Público. Entre las deficiencias detectadas figuran la ausencia de informes del órgano de contratación, la falta de justificación para no solicitar varias ofertas y el fraccionamiento indebido de contratos para cubrir necesidades recurrentes, una práctica expresamente prohibida por la normativa.
Además, el Tribunal alertó de una situación financiera “crítica”, con pérdidas estructurales y un consumo continuado del remanente de tesorería que compromete la viabilidad del organismo. Los gastos ordinarios superaron de forma reiterada a los ingresos, generando pérdidas superiores al millón de euros y obligando a financiar la actividad corriente con los ahorros acumulados. Los presupuestos de 2023 y 2024, de hecho, se aprobaron ya con déficit previsto.
En la carta remitida por el Ejecutivo regional se subraya la “preocupación” por unas dinámicas de gestión que considera incompatibles con los principios de transparencia, legalidad y buena administración. La Comunidad de Madrid señala que el informe del Tribunal de Cuentas confirma las dudas que venía manifestando sobre la gestión del consorcio y justifica así su retirada para evitar una “exposición injustificada a riesgos financieros y jurídicos”.
Fuentes del Gobierno autonómico califican la decisión como “jurídicamente fundada y políticamente responsable” y apuntan a deficiencias estructurales, incremento descontrolado del gasto de personal, falta de control interno y ausencia de una supervisión efectiva por parte de los órganos competentes del Estado, especialmente de la Intervención General de la Administración del Estado y del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En este sentido, la Comunidad de Madrid señala directamente la responsabilidad política del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por el incumplimiento de las funciones de control y supervisión del consorcio. El Tribunal de Cuentas constató que no se había evaluado de forma efectiva si la actividad de la Casa Árabe cumplía con sus objetivos, ni existía una planificación operativa adecuada.
Pese a su salida del consorcio, el Ejecutivo regional asegura que mantendrá su compromiso con la cooperación cultural y ofrecerá una transición ordenada, además de apoyo técnico durante el proceso. Asimismo, exige al Gobierno central que adopte de forma inmediata las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para corregir las irregularidades detectadas, reforzar los mecanismos de control interno, garantizar la sostenibilidad financiera y restablecer la credibilidad de la institución.
