El ministerio de Ana Redondo propone fijar una distancia mínima de 350 metros para garantizar la llegada de la policía. Seis de los diez asesinatos machistas de 2026 contaban con denuncias previas, evidenciando fallos en la monitorización de los agresores.
Ante el dramático repunte de la violencia de género en este arranque de 2026, el Ministerio de Igualdad ha pasado a la ofensiva institucional. El departamento dirigido por Ana Redondo ha remitido este lunes una serie de recomendaciones clave a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un objetivo claro: reformar los protocolos de protección que han demostrado ser insuficientes para salvar vidas.
El factor distancia: un margen de vida o muerte
La propuesta estrella de Igualdad es el aumento de la distancia mínima en las órdenes de alejamiento. Actualmente, muchas medidas judiciales fijan límites que el Gobierno considera ineficaces.
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- El umbral de los 350 metros: Igualdad propone que ninguna orden de alejamiento sea inferior a esta distancia. El argumento es técnico: si el agresor está a menos de 350 metros, las Fuerzas de Seguridad no tienen tiempo material de reacción para llegar antes de que se produzca una agresión.
- Firmeza ante el quebrantamiento: El ministerio exige que se incoen procedimientos penales de forma sistemática ante cualquier mal uso de las pulseras Cometa o incumplimiento de las obligaciones, algo que, denuncian, no siempre ocurre actualmente.
Pulseras Cometa: un sistema tensionado
El informe enviado a jueces y fiscales alerta sobre los fallos técnicos que restan eficacia a los dispositivos de seguimiento:
- Zonas de sombra: Se pide modificar los protocolos en áreas donde la cobertura es deficiente, ya que la pérdida de señal deja a la víctima en una situación de vulnerabilidad ciega.
- Alarmas persistentes: El sistema se tensiona cuando el domicilio del agresor está dentro del área de exclusión de la víctima, generando una cascada de alertas que agotan los recursos policiales y psicológicos.
El balance de una «semana negra»
La urgencia de estas medidas viene avalada por las cifras de un inicio de año negro. Con el último caso pendiente de confirmación en Sarriguren (Navarra), España suma ya diez mujeres asesinadas y dos crímenes vicarios (menores) en lo que va de 2026.
Dato crítico: En el 60% de los asesinatos de este año constaban denuncias previas. En 2025, esa cifra era solo del 20,8%, lo que indica que el sistema está fallando precisamente con las mujeres que ya han dado el paso de pedir ayuda.
Desde 2003, la cifra total de víctimas asciende a 1.353, y el impacto se extiende a los hijos: en solo mes y medio, seis menores han quedado huérfanos. Igualdad admite que las evaluaciones de riesgo deben ser más profundas y contundentes para evitar que el sistema VioGén siga siendo desbordado por la realidad.
