En el marco de la primera sesión del segundo Debate de Investidura, la candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido con firmeza el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox. Tras cuatro meses de bloqueo desde las elecciones del pasado 21 de diciembre, Guardiola asegura afrontar esta nueva etapa con la serenidad de quien «sabe qué hace y por qué lo hace».
A diferencia de su primer intento de investidura, se espera que la candidata popular sea elegida mañana presidenta del Ejecutivo regional gracias al respaldo de la formación de Santiago Abascal.
Un giro hacia la estabilidad y la «política adulta»
Durante su intervención, Guardiola ha subrayado la necesidad de pasar «del bloqueo al acuerdo» para ofrecer una hoja de ruta clara a los extremeños. Pese a las críticas y al «ruido» generado por la coalición, la líder del PP ha reivindicado la legitimidad de la alianza:
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«He alcanzado un acuerdo de gobierno con Vox y lo digo con naturalidad. Cada partido conserva sus ideas y su identidad; eso es parte de la democracia y de la política adulta».
Guardiola ha insistido en que el documento firmado se cumplirá íntegramente y ha garantizado que su Gobierno «jamás va a incumplir la ley», saliendo al paso de las interpretaciones que tildan el pacto de «anomalía».
Ejes clave: Inmigración, Seguridad y Fraude
Uno de los puntos más destacados de su discurso ha sido la gestión migratoria y la seguridad, temas centrales en la negociación con Vox. Guardiola ha lanzado duras críticas al Gobierno central liderado por Pedro Sánchez, calificando su gestión de «fracaso absoluto».
Medidas principales del acuerdo:
- Rechazo al reparto obligatorio: Extremadura se opondrá a la distribución impuesta de inmigrantes, en coherencia con el recurso de inconstitucionalidad ya presentado.
- Unidad de Verificación del Fraude: Se creará un organismo específico para controlar el fraude en el padrón y en las prestaciones públicas.
- Prioridad en las ayudas: Guardiola ha enfatizado que quienes delinquen u ocupan viviendas ilegalmente no pueden tener prioridad sobre quienes cumplen las normas. «Eso no es exclusión, eso es justicia», sentenció.
