El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside hoy la firma de un pacto largamente negociado con los principales sindicatos para mejorar el empleo público y asegurar servicios de calidad. El acuerdo, que incorpora la esperada carrera profesional, beneficiará a cerca de 80.000 trabajadores del sector público autonómico y entrará en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.Cuerpo del Artículo
El Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, acoge este martes, 9 de diciembre, la formalización de un acuerdo trascendental para la Función Pública de Andalucía. El presidente, Juanma Moreno, presidirá la rúbrica del pacto alcanzado con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO, un texto que busca un «salto de calidad» en la prestación de servicios a la ciudadanía.
El acuerdo, considerado «histórico» por el consejero de Justicia, Función Local y Administración Local, José Antonio Nieto, supone la materialización de la Ley de Función Pública de Andalucía e impactará directamente en las condiciones laborales y salariales de aproximadamente 80.000 empleados públicos andaluces. Esta cifra incluye no solo al personal funcionario y laboral, sino también a los empleados del sector público instrumental y a cerca de 10.000 funcionarios de Justicia, a pesar de ser un cuerpo estatal.
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Vigencia y compromiso financiero
El pacto, cuyo contenido fue publicado el pasado 2 de diciembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Este amplio horizonte de aplicación viene acompañado de una importante dotación económica: se destinarán 250 millones de euros en total, con un reparto de 50 millones por ejercicio, para sustentar las mejoras.
Novedades clave: carrera profesional y retribución
El paquete de iniciativas incorpora una de las demandas más esperadas por los funcionarios autonómicos: la creación de la carrera profesional. Este sistema, que se introduce siguiendo el modelo ya existente en el ámbito sanitario, permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia de los empleados. Su aplicación será solicitada por los propios trabajadores y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2025.
Además de la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, el acuerdo promete una profunda modernización del sistema retributivo. Se propicia la sustitución progresiva del actual complemento específico por un nuevo complemento de puesto, diseñado para ser «más claro, homogéneo y vinculado a criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica». Este cambio persigue poner fin a «desigualdades históricas» y reforzar la coherencia interna del modelo retributivo.
Estabilidad, prevención y digitalización
El Gobierno andaluz también se compromete a culminar la implantación del VII Convenio Colectivo para el personal laboral, sustituyendo al vigente desde 2002, dotando así a estos trabajadores de un marco normativo actualizado.
En materia de empleo, la iniciativa se enmarca en una estrategia para reducir la temporalidad estructural por debajo del 8% mediante una programación plurianual de ofertas de empleo público.
Finalmente, el acuerdo aborda la modernización de la gestión pública mediante:
- La reorganización de los recursos de prevención de riesgos y salud laborales.
- La creación de unidades administrativas compartidas para la ejecución de proyectos estratégicos.
Con esta hoja de ruta, la Junta de Andalucía busca situarse «en la vanguardia de la gestión pública» con estructuras flexibles y eficientes que impulsen la motivación, la estabilidad y mejoren la atención a la ciudadanía.
