La Delegación del Gobierno en Madrid sanciona al agitador por «intentar boicotear» la manifestación del 25N. El delegado Francisco Martín advierte: «Una cosa es el periodismo y otra muy distinta es el acoso».
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La Delegación del Gobierno en Madrid ha impuesto una sanción de 10.000 euros a Vito Quiles tras los incidentes registrados durante la manifestación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) del pasado año 2025. La resolución responde a una propuesta de sanción por desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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El delegado del Gobierno, Francisco Martín, confirmó la noticia este viernes tras un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde subrayó que el comportamiento de Quiles durante la citada marcha feminista traspasó los límites de la labor informativa.
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«Nadie está por encima de la ley»
Según el expediente sancionador, Quiles intentó «boicotear» la movilización y desoyó de forma reiterada las instrucciones de los agentes que velaban por la seguridad del evento. Martín fue tajante al diferenciar el derecho a la información de las actitudes que buscan la confrontación directa:
«Una cosa es el periodismo y otra cosa muy distinta es el acoso. Deben terminarse los espacios para que los violentos y los acosadores puedan trabajar con impunidad en las calles», afirmó el delegado ante los medios.
Martín defendió la profesionalidad de los periodistas que cubren las manifestaciones con respeto a las normas y reivindicó que todos los ciudadanos, sin excepción, deben atender a las órdenes policiales: «Cualquiera que tenga un comportamiento como el que ha tenido este señor será sancionado».
Un mensaje contra la «agitación» en las calles
La sanción se enmarca en un contexto de creciente tensión en las movilizaciones sociales en la capital. El delegado del Gobierno aprovechó la comparecencia para hacer un llamamiento a que cese la «violencia en las calles» que, a su juicio, algunos «agitadores» perpetran de manera continua, generando situaciones «insoportables» para los manifestantes y las autoridades.
Con esta multa de cuantía elevada, la administración busca sentar un precedente sobre el cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana en eventos de gran afluencia, especialmente cuando se producen intentos de interferir en el desarrollo de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación.
