La OTAN y las agencias de seguridad europeas investigan si una red de buques mercantes vinculados a Moscú —la llamada «flota fantasma» creada para sortear sanciones— está siendo utilizada como plataforma móvil para el despliegue y control de drones en el mar Báltico, una táctica que transformaría a estos barcos civiles en instrumentos de guerra híbrida.
Las sospechas cobraron fuerza a comienzos de septiembre, cuando fuerzas alemanas abordaron entre el 7 y el 10 de septiembre al carguero Scanlark en la esclusa de Kiel-Holtenau. Las autoridades creen que ese buque pudo lanzar un dron que, según la investigación, sobrevoló y fotografió una fragata alemana el 26 de agosto; la Fiscalía de Flensburg investiga la posible existencia de una «base móvil de drones» ligada al caso y lo enmarca en cientos de vuelos sospechosos cerca de infraestructuras críticas en 2025.
Una nueva alerta llegó el 22 de septiembre, cuando varios «drones de gran tamaño» obligaron al cierre temporal del aeropuerto de Kastrup en Copenhague y al desvío o cancelación de alrededor de 150 vuelos. Fuentes de seguridad danesas, citadas por la televisión pública, señalaron tres barcos como sospechosos de haber lanzado al menos uno de esos aparatos. Entre ellos aparecen el petrolero sancionado Astrol 1, que navegó ese día por el estrecho de Öresund realizando maniobras irregulares; el petrolero Pushpa —también bajo sanciones comunitarias y con pabellón de Benín—, vigilado durante horas por un buque aliado; y el carguero Oslo Carrier 3, situado a pocos kilómetros del aeropuerto y cuya compañía tiene sede en el enclave ruso de Kaliningrado.
La idea de convertir mercantes civiles en nodrizas de drones no es inédita: Irán ya ha adaptado antiguos portacontenedores para operar drones y armamento desde su cubierta, y esas experiencias podrían servir de modelo para tácticas de «negación verosímil» en aguas internacionales.
Las implicaciones van más allá del espionaje: la flota fantasma, concebida para eludir sanciones energéticas, ha sido vinculada a acciones de sabotaje. Un caso notable terminó en imputaciones en Finlandia: el capitán y dos oficiales del petrolero Eagle S fueron acusados de cortar cinco cables submarinos entre Finlandia y Estonia el 25 de diciembre de 2024, tras arrastrar un ancla durante decenas de kilómetros —el primer procedimiento penal de ese tipo registrado en un país de la OTAN.
Analistas y responsables aliados subrayan que la militarización de plataformas civiles complica la atribución y la respuesta: los buques mercantes permiten acciones de bajo coste y difícil trazabilidad que pueden presentarse como incidentes fortuitos. Mark Galeotti, especialista en operaciones de zona gris, advierte que en esta «nueva forma de guerra» todo puede militarizarse para actuar por debajo del umbral abierto del conflicto, generando molestias y sabotajes que drenan recursos y erosionan la voluntad política occidental.
Frente a este escenario, la UE y la OTAN se ven obligadas a revisar sanciones, patrullas y marcos legales para operar en aguas internacionales, donde la combinación de logística energética, inteligencia y posible sabotaje dibuja un Báltico cada vez más tensado por tácticas híbridas. Las investigaciones abiertas en Alemania, Dinamarca y Finlandia intentan ahora determinar alcance, responsables y conexiones entre incidentes que, si se confirman, revelarían una red organizada que emplea mercantes civiles como lanzaderas y bases de drones.
