La ofensiva diplomática abierta entre España e Israel por las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez ha obligado a los partidos de la oposición a maniobrar con cautela. Mientras el Ejecutivo defiende el embargo de armas a Israel y la prohibición de tránsito de material bélico por territorio español, sin romper relaciones, el país de Oriente Medio ha respondido acusando al Gobierno de «antisemitismo» y vetando la entrada de ministras como Yolanda Díaz y Sira Rego.
En un comunicado firmado por su ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, Israel acusó a España de liderar «una línea hostil antiisraelí» con «retórica desenfrenada y llena de odio». El Ministerio de Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, calificó esas afirmaciones de «falsas y calumniosas».
La oposición, sin embargo, no cerró filas con el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que Sánchez no consultara con su partido las medidas, aunque evitó confrontar directamente con Israel. Calificó de «inadmisible» el impacto de las operaciones israelíes en la población civil de Gaza y reclamó respeto al derecho internacional, pero se cuidó de no hablar de «genocidio» ni de secundar la acusación de antisemitismo.
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La postura de los populares contrasta con declaraciones pasadas de Isabel Díaz Ayuso, que en su momento señaló que «el problema de la izquierda española es el antisemitismo». Feijóo, más moderado, sí coincidió en cuestionar que «los terroristas de Hamas aplaudieran a Sánchez» por sus medidas.
Por su parte, Vox optó por un respaldo cerrado a Israel. Su líder, Santiago Abascal, acusó al presidente del Gobierno de «hablar como portavoz de Hamas» y de «querer tapar con esta crisis los escándalos de corrupción que afectan a su entorno». Sin embargo, el partido de ultraderecha se desmarcó del reproche israelí sobre la Inquisición: «Tendremos que explicar a nuestros amigos israelíes que eso es más mito que realidad», dijo su portavoz José Antonio Fúster.
Tanto Israel como PP y Vox coincidieron en interpretar las medidas del Gobierno como un movimiento para desviar la atención de los problemas judiciales que afectan al Ejecutivo y, en particular, a la citación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente.
