El tribunal deniega las medidas cautelares solicitadas por la plataforma, que deberá abonar la sanción de Consumo o presentar avales mientras se resuelve el recurso principal
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha obtenido una victoria judicial significativa en su estrategia contra las irregularidades en el mercado del alquiler vacacional. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha dictado un auto por el que deniega las medidas cautelares solicitadas por Airbnb, lo que implica que la sanción de 64.055.311 euros impuesta por el departamento de Pablo Bustinduy vuelve a ser plenamente ejecutable.
Una sanción por prácticas comerciales desleales
El origen del litigio se remonta al verano de 2025, cuando la inspección de Consumo identificó infracciones en 65.122 anuncios publicados en la plataforma. Estas irregularidades, que forzaron la retirada de los contenidos, incluían la ausencia de licencias preceptivas, el uso de licencias falsas y publicidad engañosa sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
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La cuantía principal de la multa, que asciende a 63.980.311 euros, ha sido calculada por el ministerio como seis veces el beneficio ilícito obtenido por la compañía desde que recibió el aviso inicial hasta la eliminación efectiva de los anuncios. A esta cifra se suman otras sanciones menores por obstrucción a la labor inspectora y el incumplimiento de medidas provisionales.
Las opciones de Airbnb tras el auto
La decisión del TSJ de Madrid obliga a la multinacional a mover ficha de manera inmediata para evitar la vía de apremio, que podría derivar en embargos de cuentas, recargos e intereses. Aunque la plataforma puede presentar un recurso de reposición ante el propio tribunal o acudir al Tribunal Supremo, estos pasos no suspenden de forma automática la obligación de pago.
Para proteger su tesorería mientras se resuelve el fondo del asunto —la legalidad de la sanción—, Airbnb dispone de dos vías principales:
- El pago íntegro de los 64 millones de euros.
- La presentación de una garantía mediante aval bancario o un seguro de caución por el importe de la multa.
Cambio de criterio frente a otros gigantes
La resolución del TSJ de Madrid resulta llamativa al apartarse del criterio seguido por este mismo tribunal en casos de naturaleza similar. En junio de 2025, los magistrados sí acordaron la suspensión cautelar de las multas impuestas a aerolíneas como Ryanair (107,7 millones) y Norwegian por el cobro del equipaje de mano, argumentando entonces el impacto negativo que el desembolso inmediato tendría en las cuentas de las compañías.
Este patrón de suspensión cautelar es habitual en otras instancias, como la Audiencia Nacional, que en el último año ha paralizado ejecuciones de multas millonarias de la CNMC contra empresas como Booking (413 millones), Apple o Amazon. En el caso de Airbnb, sin embargo, el tribunal madrileño ha optado por mantener la vigencia de la sanción de Consumo, reforzando la posición de la Administración en este pulso regulatorio.
Una vez el TSJ dicte sentencia sobre el fondo del litigio, se espera que el proceso continúe en el Tribunal Supremo, siempre que se admita el eventual recurso de casación que interponga la parte que resulte desfavorecida por el fallo.
