Un tribunal de Hong Kong ha dictado sentencias de entre cuatro y diez años de prisión a 45 destacados activistas prodemocráticos. Las condenas se basan en cargos de conspiración para subvertir el poder del Estado, en el marco de la polémica ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020.
Este juicio, el más grande hasta la fecha bajo dicha legislación, representa un momento crucial en la represión del movimiento prodemocrático, limitando aún más su capacidad de acción. La sentencia coincide con el cierre de otros casos judiciales importantes, como el del magnate de los medios Jimmy Lai.
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Entre los condenados se encuentra Benny Tai, exprofesor de Derecho, quien recibió la pena máxima de diez años por organizar elecciones primarias no oficiales, consideradas subversivas por las autoridades. Otros activistas, como Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung, también recibieron duras penas tras testificar contra sus compañeros.
La Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de Hong Kong, promulgada en marzo, endurece los requisitos para la libertad anticipada de los condenados por delitos de seguridad nacional, haciendo improbable su remisión.
La ley, aprobada por la Asamblea Nacional Popular de China, busca prohibir actos de traición, secesión y subversión, entre otros. Su implementación ha sido criticada internacionalmente, con países como Australia y Estados Unidos expresando su preocupación por el deterioro de las libertades civiles en Hong Kong.
Estados Unidos ha calificado las acciones de los condenados como actividad política normal, mientras que Human Rights Watch ha señalado que las severas penas reflejan un retroceso en las libertades civiles y la independencia judicial en Hong Kong.
El veredicto del Tribunal de Primera Instancia, emitido en mayo, encontró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un proceso iniciado después de la introducción de la Ley de Seguridad Nacional en 2020. Otros dos acusados fueron absueltos, y 31 admitieron los cargos, sumando un total de 47 implicados.
Los condenados fueron acusados de planear, en caso de obtener la mayoría legislativa, bloquear proyectos de ley presupuestaria y provocar una crisis constitucional para forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.
Tres jueces del Tribunal Superior consideraron que las votaciones formaban parte de un complot para socavar, destruir o derrocar el gobierno municipal, lo que llevó a las severas condenas impuestas.
