La demanda presentada por la periodista Silvia Intxaurrondo contra RTVE, en la que reclama más de 250.000 euros de salario, ha desatado un fuerte rechazo entre los sindicatos de la televisión pública. La controversia surge después de que Intxaurrondo solicitara judicialmente recuperar un salario anual de 253.356,96 euros, cantidad que recibía hasta el 31 de agosto antes de que RTVE regularizara su situación contractual tras una inspección de Trabajo.
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En su demanda, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Intxaurrondo reconoce aceptar el salario base del convenio de RTVE, pero exige un plus mensual de 20.000 euros para alcanzar la cifra que percibía anteriormente. Según la periodista, las modificaciones impuestas por RTVE serían nulas por vulneración del derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 de la Constitución.
Los sindicatos, liderados por USO, califican la demanda como un agravio hacia la plantilla. «Mientras los trabajadores cumplen estrictamente un convenio aprobado y auditado por la normativa del sector público, se pretende imponer un salario absolutamente alejado de cualquier escala retributiva existente. No podemos guardar silencio», señala el comunicado.
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USO advierte que la demanda de Intxaurrondo es un intento de trasladar importes propios de contratos mercantiles irregulares al ámbito laboral ordinario, lo que consideran un desprecio hacia quienes sostienen la Corporación con su trabajo diario. La organización sindical recuerda que la regularización de la relación laboral obliga a aplicar la ley y el convenio, «no a blindar privilegios ni a perpetuar cifras que ningún trabajador de RTVE tiene derecho a cobrar».
El sindicato insiste en que RTVE no puede vulnerar su marco jurídico ni abrir la puerta a excepciones que rompan la coherencia salarial en el sector público. «La ética importa. El respeto a la plantilla importa. No caben atajos ni tratamientos de favor que pongan por encima de todos a quien nunca estuvo sometida a las reglas que sí obligan a quienes sostienen esta Corporación con su trabajo y su compromiso», concluye el comunicado.
El caso, que ya está en los Juzgados de lo Social de Madrid, se perfila como un debate clave sobre los límites del salario y la aplicación del convenio colectivo en la televisión pública.
