El Gobierno de Estados Unidos envió este martes el primer vuelo con migrantes arrestados en territorio estadounidense hacia un centro de detención en la Base Militar de Guantánamo, Cuba. La medida, anunciada por la Casa Blanca, forma parte de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien ha prometido la mayor campaña de deportación en la historia del país.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado medidas más estrictas contra los más de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos. En las primeras semanas de su mandato, las autoridades han detenido a más de 3.000 personas, aunque la cifra aún está lejos de las redadas masivas que el mandatario prometió llevar a cabo.
El presidente ha ordenado ampliar la capacidad del centro de detención en Guantánamo para albergar hasta 30.000 migrantes sin papeles. Para ello, el Pentágono ha desplegado más de 150 militares en la base naval, entre ellos infantes de Marina y miembros del Comando Sur de EE.UU.
La decisión de utilizar la base de Guantánamo para retener migrantes ha generado una fuerte controversia, ya que tradicionalmente el recinto ha sido utilizado para detener a sospechosos de terrorismo.
Criminalización de la migración
Al firmar el memorando que amplió la capacidad del centro de detención, Trump aseguró que la medida busca «detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense». Sin embargo, expertos en migración y derechos humanos han cuestionado esta narrativa.
Bajo la ley estadounidense, residir en el país sin estatus legal es una falta civil, no un delito criminal. Además, estudios de la Universidad de Stanford han demostrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes que las personas nacidas en EE.UU.
Por otra parte, el cruce irregular de la frontera sin inspección es considerado un delito menor, mientras que reingresar tras una deportación sí es un delito grave según la legislación penal estadounidense.
Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso y el destino de los migrantes detenidos. «Enviar personas a Guantánamo evoca las peores prácticas del pasado y podría violar los derechos de los migrantes», afirmó un portavoz de Human Rights Watch.
Reacciones y futuro de la medida
A nivel internacional, la medida ha sido criticada por varios gobiernos latinoamericanos y organismos de derechos humanos, quienes han instado a EE.UU. a buscar alternativas más humanitarias para abordar la crisis migratoria. Mientras tanto, en el Congreso estadounidense, legisladores demócratas han anunciado que intentarán bloquear el uso de Guantánamo como centro de detención para migrantes.
Trump, sin embargo, ha dejado claro que está decidido a continuar con su política migratoria sin concesiones. «Los tiempos de fronteras abiertas y delincuencia descontrolada han terminado», afirmó en un mitin reciente.
A medida que se implementa esta política, queda por ver cuáles serán sus implicaciones legales y humanitarias en el futuro cercano.
