Documentación interna revela que el entonces subdirector general de Centros de Secundaria de la Comunidad de Madrid expresó de manera formal su desacuerdo con los procedimientos utilizados en los contratos relacionados con el denominado caso FP. El funcionario, que se jubiló en septiembre, dejó por escrito su “oposición” y urgió a que se aplicara estrictamente la ley de contratos del sector público ante el riesgo de que las adjudicaciones vulneraran la legalidad.
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Según estos documentos, el excargo trasladó su preocupación sobre la forma en que se estaban tramitando determinados contratos vinculados a la Formación Profesional, advirtiendo de que podría tratarse de procedimientos no ajustados a derecho. Su mensaje interno subrayaba la necesidad de ceñirse a la normativa vigente y evitar decisiones que pudieran comprometer la legalidad administrativa.
El caso FP, que investiga supuestas irregularidades en la gestión de recursos destinados a centros de Formación Profesional, ha provocado tensiones dentro del Gobierno autonómico. La existencia de advertencias internas añade un nuevo elemento a la controversia que rodea la actuación de la Administración madrileña en este ámbito.
