Más de 150 juristas han suscrito un manifiesto crítico con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que vulnera la presunción de inocencia y se apoya en indicios que no alcanzan el nivel probatorio exigido en un proceso penal.
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Entre los firmantes figuran exmagistrados del propio Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés o Joaquín Giménez, así como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, además de fiscales, abogados y catedráticos de Derecho. El documento, titulado «Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia», será presentado públicamente este viernes en el Ateneo de Madrid.
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El manifiesto critica la decisión del alto tribunal de condenar a García Ortiz por la supuesta filtración de un correo electrónico relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A juicio de los juristas, la sentencia “no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios”, lo que, recuerdan, resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
El texto subraya que en el ámbito penal no bastan “las sospechas ni las conjeturas”, sino que es imprescindible acreditar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”, algo que, según los firmantes, no se produjo en este caso.
Entre los apoyos al manifiesto se encuentran también el exvocal del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta, la jueza emérita y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, así como antiguos miembros del Supremo como Alberto Jorge.
Los juristas otorgan especial relevancia a que la sentencia prescindiera del testimonio de los periodistas que negaron de forma tajante que el entonces fiscal general fuera su fuente. En su opinión, el resto de indicios utilizados “no superan el umbral de la mera sospecha” y admiten explicaciones lícitas y razonables.
A su entender, convertir esos indicios en prueba de culpabilidad supone invertir la carga de la prueba y obligar al acusado a demostrar su inocencia, algo que consideran incompatible con los principios básicos del Estado de derecho.
El manifiesto defiende además que la nota de prensa difundida por la Fiscalía tenía como objetivo desmentir una acusación falsa, incluso potencialmente delictiva, sobre su funcionamiento, por lo que existía un claro interés público en informar. Penalizar esa actuación, advierten, dejaría a la Fiscalía General del Estado sin herramientas para responder a bulos y acusaciones infundadas.
Por todo ello, los firmantes sostienen que la condena no debió producirse, ya que no quedó acreditada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye un delito de revelación de secretos. El texto concluye reclamando la anulación de la sentencia en las instancias superiores correspondientes y recordando que “nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes”.
