¿Se imaginan venir a Ceuta desde Valencia a hacer unos trámites para regularizar su situación y pedir protección internacional, porque es la única ciudad en la que hay citas disponibles, y verse abocados a vivir en el CETI durante un mes y un día? Pues es la historia de la José Rolando y su familia, la primera vez que una familia venezolana entra al CETI de Ceuta.
José Rolando (64 años), Jesús (19 años), María (43 años), y Emely (25 años) salieron del Estado Lara, en Venezuela en diciembre de 2021. Llegaron a España a través del aeropuerto de Madrid, con un visado de turistas. José Rolando nos detalla que huyeron de su país «por la situación política y la dictadura a la que están sometidos los ciudadanos venezolanos».
¿Por qué piden protección internacional?
La protección internacional comprende tanto el derecho de asilo, que se concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se concede a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen.
José Rolando nos cuenta que «cada dos o tres meses» el Gobierno les proporciona una caja denominada CLA que contiene productos básicos como arroz, pasta, garbanzos, lentejas, harinas y aceite «en raras ocasiones», con lo que deben subsistir dos o tres meses. «La escasez de víveres y gasolina son terribles, para surtir gasolina a mi vehículo tengo que hacer cola toda una noche, durmiendo dentro del vehículo y que estamos supeditados a 30 litros semanales».
Además, asegura que no pueden manifestarse ni comentar con nadie sobre la situación que están viviendo «ya que si se percatan las autoridades son interpretadas como rebelión«. «No hay libertad de expresión, si comentas con otros ciudadanos el malestar que estamos viviendo y nos escuchan por las autoridades o alguna integrante de un grupo llamado Comunas, estas pasan la información a las autoridades del país y seríamos perseguidos hasta ser detenidos y puestos en libertad cuando consideren oportuno. Estamos bajo un constante control y la suspensión de derechos humanos».
«No hay forma alguna de conseguir trabajo ni de encontrar la forma de ganar dinero para vivir, lo que hace que la hace que la población sea más dependiente del Gobierno, la inseguridad que se vive en el país está desbordada, simplemente tomar un autobús conlleva un riesgo para la vida y puedes ser sorprendido mientras viajas por varios asaltantes, que paran el vehículo en medio de la calzada y con armas de fuego irrumpen en el interior robando teléfonos, objetos de valor y el dinero a punta de pistola».
Atrapados en Ceuta: Un mes y un día
Una vez en España se reencontraron con parte de su familia, que vive en Valencia, donde se han empadronado y desean comenzar una nueva vida, para lo que necesitan solicitar protección internacional. El trámite es lento y para formalizar una solicitud de protección internacional (entrevista de formalización) se debe hacer de manera presencial, pero esta familia denuncia que «en ninguna ciudad de la península les ofrecía una cita disponible para poder regularizar su situación cuanto antes», ya que su visa de turista es por 90 días.
Esta familia está empadronada en Valencia y todos los miembros tienen su tarjeta sanitaria de desplazados, pero en la península solo había citas para la renovación, no para una nueva solicitud, por lo que al probar en diferentes lugares comprobaron que en Ceuta si que se podía comenzar el procedimiento, fue entonces cuando decidieron alquilar un coche, hacer 750 kilómetros y cruzar el Estrecho, primero José Rolando, junto a su hermana.
En esta primera incursión a la ciudad autónoma todo fue bien, José Rolando pudo hacer la entrevista en extranjería, comenzar el trámite de la protección internacional y volver a Valencia sin contratiempos.
Hasta aquí todo bien, el problema surgió una semana después, cuando vino con su nieto, Jesús, la tía de este, María, y una amiga, Emely, para repetir el mismo procedimiento para regularizar su situación y poder continuar con su vida en España. Y de nuevo, coche de alquiler, muchos kilómetros y un ferry hasta la ciudad autónoma.
Pero, una vez acabada la entrevista y cuando iban a coger el barco de vuelta a Algeciras, la Policía Nacional del puerto les impidió el acceso por no tener sus papeles en regla. Y aquí comienza la odisea para esta familia que mueve cielo y tierra para poder volver a Valencia.
Según explican fuentes de Delegación del Gobierno a El Foro de Ceuta, cualquier persona que solicita protección internacional en Ceuta debe esperar el periodo de un mes y un día, en el que se cumple el silencio administrativo y se considera admitido a trámite y por tanto procede libertad de movimiento, en base a la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020, que anulaba el ‘válido en solo en Ceuta’ de la tarjeta roja de los solicitantes de asilo. Desde junio de 2021, fecha en la que se hizo efectiva la nulidad, se han realizado más de 3.700 solicitudes de asilo, de los cuales 3.300 se han ido ya a la península.
Mientras tanto, el coche de alquiler sigue en la península aparcado en un parking de pago y al hacer cuentas ven que no pueden seguir en el hotel donde estaban para dos noches, durante más de un mes.
El único recurso: el CETI
«Esto ha sido una verdadera sorpresa» nos asegura Yudayma, hermana de José Rolando, que lleva 20 años viviendo en España y es autónoma, «no me puedo explicar que el pasado día 17 de junio pudiésemos entrar y salir sin problema y que esta segunda vez nos retengan«.
Yudayma afirma que si lo llegan a saber vienen preparados porque «no hay otra opción, sin este documento no pueden estar en España, necesitan el NIE, no es agradable estar indocumentado«. Pese a este «contratiempo» que les ha supuesto verse residiendo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) durante unos días, se sienten «agradecidos» porque todo los funcionarios en Frontera, en Extranjería y en el CETI, han sido «maravillosos» y es que afirman que «dentro de la penuria, nos hemos sentido acogidos, no rechazados».
«Estoy derrotada, decepcionada, esto me agarró como fuera de base, nunca imaginé que me pasara algo así -explica María- nunca me imaginé que me pasase algo así». Y es que María y Yemeli han sido durante diez días las únicas mujeres que había en el CETI. Desde este martes, 19 de julio, todos están en una vivienda cedida en el Príncipe Felipe.
Su estancia en el CETI ha sido algo único: es la primera vez que una familia de origen venezolano reside -aunque por pocos días- en este recurso de la Administración Pública, concebido como dispositivo de primera acogida provisional y destinado a dar servicios y prestaciones sociales básicas al colectivo de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a Ceuta, en tanto se realizan los trámites de identificación y chequeo médico previos a cualquier decisión sobre el recurso más adecuado en función de su situación administrativa en España.
Desde Colombia, también bloqueado
La historia de Fran (nombre ficticio) de 25 años, es diferente, pero tiene el mismo desenlace. Huyó de Colombia por amenazas tras destapar un caso de corrupción, reside en Cataluña desde hace tiempo y Ceuta fue el único destino que le salió en la web del Ministerio para comenzar los trámites de protección internacional. Tras más de 20 horas en autobús hasta Algeciras y luego llegar a Ceuta en ferry, se encontró con el mismo problema que la familia venezolana a los que conoció en la Oficina de Asilo en la frontera del Tarajal. Ahora todos comparten esta vivienda que les han dejado en el Príncipe y cuentan los días para poder volver a su casa.
¿Qué pasa en Venezuela?
Las personas continúan saliendo de Venezuela para «huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales», asegura la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), «con más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela – la mayoría de las cuales vive en países de América Latina y el Caribe –, esta se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo, un número importante de personas refugiadas de Venezuela requiere protección internacional.».
Según la agencia de la ONU, «mujeres, niñas, niños y hombres salen de Venezuela en dirección a países vecinos y de otras regiones debido a las circunstancias políticas, socioeconómicas y de derechos humanos en su país. Muchas de estas personas llegan asustadas, cansadas y en extrema necesidad de asistencia».
Los datos de la protección internacional en España
Los datos acumulados desde el 1 de enero al 30 de junio de 2022 por el Ministerio de Interior muestran un incremento del 50% de las personas que solicitan protección internacional de origen venezolano.
Durante todo 2021 se presentaron un total de 65.404 nuevas solicitudes de protección internacional en España, confirmándose la tendencia decreciente con respecto a años anteriores. Respecto a las resoluciones, y a tenor de los datos provistos por el Ministerio del Interior, en todo el pasado año se resolvieron 71.830 expedientes, de los cuales tuvieron un dictamen favorable el 10% (duplicando la tasa de 2020) y, desfavorable, el 68%. El 22% restante correspondieron a los reconocimientos del permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias y al archivo de casi 2.000 expedientes.
El permiso de residencia y de trabajo por razones humanitarias se concedió a 12.983 personas, una importante reducción en comparación con 2020, cuando se otorgó a 40.726 solicitantes. Las personas de nacionalidad venezolana fueron las que se beneficiaron de esta alternativa en el 99% de los casos.
Durante el año pasado se presentaron en nuestro país un total de 65.404 nuevas solicitudes de protección internacional, una cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años y que, respecto a 2020, representa un 26 % menos de solicitudes registradas.
Las cinco principales nacionalidades corresponden a personas provenientes de Venezuela, Colombia, Marruecos, Mali y Senegal, aumentando de esta manera la tendencia ya detectada a mediados del pasado año en el cambio de perfil de estas personas, con un importante incremento del número de hombres jóvenes y de origen africano que piden protección internacional en España.
