En un giro político sin precedentes en la gestión autonómica en España, Santiago Abascal ha logrado situar las tesis de Vox en el epicentro de la gestión ecológica. Tras el reciente acuerdo de coalición en Aragón, la formación controlará por primera vez una consejería con competencias exclusivas en Medio Ambiente, lo que pone a prueba su discurso crítico con la Agenda 2030 y las directrices climáticas de Bruselas.
Hasta ahora, Vox había gestionado carteras de Agricultura, pero las competencias medioambientales puras —aquellas que regulan la protección del entorno y las energías renovables— le habían sido esquivas. En Aragón, esto cambia: el partido liderado por Abascal gestionará la cartera de Medio Ambiente y Turismo, sumándola a la de Agricultura y Ganadería.
Las claves del «Desafío Verde» de Vox
El pacto sellado con el popular Jorge Azcón no es solo un reparto de sillones, sino un compromiso programático que asume el ideario de Vox en puntos críticos:
- Freno al Pacto Verde: El Gobierno de Aragón se compromete a proteger al sector primario de las «imposiciones» de la Unión Europea y las políticas de transición ecológica.
- Reforma Fiscal: Se contempla la supresión del impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera.
- Gestión del Ebro: Se impulsará la limpieza de cauces y la retirada de vegetación, una demanda histórica de Vox que cobró fuerza tras las trágicas consecuencias de la DANA de 2024.
- Control de las Renovables: Vox tendrá bajo su tutela el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Este ente es vital, ya que tramita los expedientes y declaraciones de impacto ambiental para proyectos de energías renovables.
«Aragón será la comunidad en la que Vox tendrá vía libre para aplicar su política medioambiental, contraria a la pautada en Bruselas.»
El contraste con Extremadura
Mientras que en Aragón Vox logra el pleno control ambiental, en Extremadura, el acuerdo con María Guardiola ha sido más restrictivo. Aunque los de Abascal gestionarán Agricultura y Ganadería, el PP ha maniobrado para desgajar las competencias de «desarrollo sostenible», manteniéndolas bajo su control directo.
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Esta diferencia de fuerzas convierte a Aragón en el auténtico laboratorio ideológico de Vox. El partido no solo decidirá sobre la prevención de incendios forestales, sino que también influirá en el desarrollo energético de una región clave para la eólica y la solar en España.
Bajo la lupa judicial
La asunción de estas competencias llega en un momento delicado para la administración aragonesa. El INAGA, que ahora pasará a manos de Vox, se encuentra en el punto de mira de la Guardia Civil por el llamado caso Forestalia, donde se investigan presuntos tratos de favor en la aprobación de proyectos energéticos. La gestión de Abascal en este organismo será mirada con lupa tanto por la oposición como por las instituciones europeas.
